La ANDIS dictaminó una suba en el nomenclador para las prestaciones vinculadas a discapacidad de entre el 29% y 35% en tres tramos. La Ley de Emergencia votada por el Congreso establecía un piso del 70%, tras un año sin variaciones. El Foro Permanente integrado por diversas organizaciones del todo el país, se manifestó contra los incumplimientos del Gobierno nacional. El sector a nivel local precisó en diálogo con EL NORTE las cuestiones pendientes. “Seguimos en estado de alerta”, sostuvieron.
De la Redacción de EL NORTE
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La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dictaminó una suba para las prestaciones vinculadas a discapacidad de entre el 29% y 35% en tres tramos. La Ley de Emergencia votada por el Congreso establecía un piso del 70%, tras un año sin variaciones. Los porcentajes acumulativos se aplicarán entre octubre y diciembre, aunque con las demoras vigentes en los cobros, estiman que los pagos con incrementos se recibirán a fines del primer trimestre del año que viene. El Foro Permanente integrado por diversas organizaciones de todo el país, se manifestó contra los incumplimientos del Gobierno nacional. Asimismo, los prestadores sostienen que aún quedan pendientes medidas de fondo.
“El aumento que se aplica luego de un año, es deficiente. Se sigue incumpliendo con la ley que establece un incremento de -al menos- el doble. Y con suerte, se comenzará a cobrar en 2026. Lo que facturamos en noviembre -de octubre- lo vamos a estar cobrando recién el año que viene. Seguimos en estado de alerta”, manifestaron a EL NORTE desde los espacios locales.
En medio de una serie de movilizaciones nacionales y locales -que llevan un año- en reclamo por la actualización de aranceles, Andis informó la implementación de un incremento de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador para prestadores de servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. La medida, según el comunicado oficial, se aplicará en tres etapas entre octubre y diciembre de 2025.
El aumento dispuesto mediante una decisión administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, tiene como objetivo ´garantizar previsibilidad al sistema de atención y acompañar la evolución de los costos del sector´. El nomenclador nacional fija los valores de referencia que perciben los prestadores por los distintos servicios, como internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación, tanto en instituciones públicas como privadas. Según la ANDIS, el ajuste permitirá que las prestaciones se mantengan por encima de la inflación proyectada para 2025 y busca fortalecer el vínculo entre el Estado, los prestadores y las obras sociales, aportando estabilidad al sistema.
Continuidad del conflicto
La medida fue anunciada pocos días después de nuevas protestas del sector. En San Nicolás, el Comité de Profesionales Autoconvocados realizó el pasado lunes una manifestación en la plaza Mitre, en el marco de un paro nacional de 72 horas. A la jornada se sumaron acompañantes terapéuticos, familias y organizaciones como “Familias Neurodiversas”, que reclamaron la actualización de aranceles, pendiente desde hace un año, y la implementación de la ley de Emergencia en Discapacidad.
Las movilizaciones se replicaron en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso Nacional y el Ministerio de Salud. Los prestadores sostienen que las demoras en los pagos y la falta de actualización de los valores dificultan la continuidad de los servicios y ponen en riesgo la atención de las personas con discapacidad.
“Desde el Foro Permanente consideramos que el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad”, expresaron desde el espacio que nuclea a prestadores. “Estos aumentos se van a terminar de cobrar recién en marzo/abril de 2026. El Gobierno Nacional sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad. Continuamos en estado de alerta”, señaló el Foro en un mensaje para dejar en claro que el conflicto continúa.
Pensiones no contributivas
En paralelo, la Agencia Nacional de Discapacidad atraviesa un proceso judicial por la baja de pensiones no contributivas. Una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca ordenó restablecer los beneficios suspendidos y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte sentencia definitiva. La resolución, con alcance nacional, se dictó tras denuncias de asociaciones y organismos de derechos humanos que advirtieron sobre irregularidades en las auditorías y deficiencias en las notificaciones a los beneficiarios.
