Por mayoría, la Sala II del tribunal de alzada desestimó los planteos de nulidad presentados por la defensa del exmandatario en la causa por lesiones denunciada por la exprimera dama.
La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires confirmó la validez del procedimiento de elevación a juicio en la causa por violencia de género en la que está procesado el expresidente Alberto Fernández. El tribunal rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa del exmandatario, representada por la abogada Silvana Carreira.
El fallo de la Sala II contó con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico votó en disidencia.
La defensa de Fernández había solicitado anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y la querella, alegando que el pedido de la acusación particular fue extemporáneo y que la prórroga del plazo fue concedida de manera irregular.
La mayoría del tribunal sostuvo que en materia de nulidades “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y que no se verificó un perjuicio concreto para la defensa. Además, recordaron que esos cuestionamientos “ya habían sido tratados y desestimados previamente” y que “la existencia de recursos pendientes no constituye óbice para la continuación del proceso”.
Respecto al requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal federal Ramiro González, los magistrados afirmaron que “el dictamen fiscal cumple los requisitos de motivación que le impone el art. 347 del CPPN”. También remarcaron que, si la defensa considera que no se agotó la producción de prueba, podrá hacerlo valer “al momento de contestar la acusación”.
En disidencia, el juez Boico consideró que debía dictarse la nulidad de la acusación de la querella de Fabiola Yañez y declararse “decaído su derecho a presentar el requerimiento por haberlo hecho fuera de término”. Además, cuestionó que se haya cerrado la etapa de investigación “sin agotar la producción de prueba relevante ofrecida por la defensa”, lo que, a su entender, constituye “una afectación al debido proceso y al principio de igualdad de armas”.
En su voto minoritario, Boico propuso reenviar el expediente al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas, para que evalúe si corresponde ordenar nuevas pruebas antes de elevar la causa a juicio.
La investigación por violencia de género cambió de juzgado tras el apartamiento del juez federal Julián Ercolini, quien había iniciado los trámites para el envío a juicio oral.
