El fiscal federal Ramiro González respaldó el rechazo de la Junta Electoral Nacional al pedido de La Libertad Avanza y advirtió que no hay margen temporal ni operativo para imprimir un nuevo instrumento de votación antes del 26 de octubre.
El fiscal Ramiro González avaló el rechazo de la Junta Electoral Nacional al pedido de La Libertad Avanza (LLA) y confirmó que la definición final quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral. Además, consideró que resulta “fácticamente imposible” reimprimir las boletas electorales en la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones del 26 de octubre.
La propuesta del espacio libertario buscaba modificar las boletas en las que aún figura la imagen de José Luis Espert, pero los plazos y la viabilidad técnica fueron desestimados. Según el dictamen de González, “no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”.
El dictamen de Ramiro González
El fiscal, con competencia electoral, basó su análisis en informes técnicos del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral, que detallaron los procedimientos ya ejecutados: verificación de calidad, numeración, encuadernado, cortes, escaneo, encintado, control final y armado de bolsines.
En su resolución, González remarcó que “la reimpresión de la Boleta Única Papel para el distrito traslada la posible confusión de una agrupación al riesgo para el acto electoral mismo conforme dispone la ley”. Recordó además que el 11 de octubre era la fecha límite para enviar los archivos a imprenta, y que la reciente confirmación de la lista definitiva de LLA impidió realizar las pruebas ni aprobar el modelo conforme al procedimiento legal.
“Ordenar una nueva impresión de los talonarios de boletas sería, cuanto menos, inoficioso e ineficaz aun en el marco de las previsiones de los recurrentes”, señaló el fiscal.
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Fundamentos y antecedentes
En su dictamen, González repasó antecedentes en los que la Cámara Nacional Electoral y el Ministerio Público Fiscal intervinieron ante reclamos por colores, nombres o símbolos partidarios. Destacó que “el empeño de los actores del fuero electoral permitió, en tiempo oportuno, analizar y resolver reclamos de todas las fuerzas políticas, siempre priorizando el voto libre e informado”.
En este caso, afirmó que “retrotraer el cronograma electoral a instancias ya superadas para evitar una probable confusión resulta extremadamente complejo”. Agregó: “Cuando lo que está en juego es la propia realización de la elección, la conclusión es forzosa. Es fácticamente imposible resolver a tiempo una nueva impresión”.
El dictamen también citó antecedentes en los que la Cámara Nacional Electoral reconoció la imposibilidad material de reeditar boletas, como ocurrió en Santiago del Estero, donde se permitió utilizar los instrumentos ya impresos pese a no coincidir con la lista oficializada.
La decisión de la Cámara Nacional Electoral
En paralelo, la Cámara Nacional Electoral (CNE), presidida por Daniel Bejas, devolvió a la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires la apelación presentada por La Libertad Avanza, al considerar que no se había solicitado la opinión de las demás fuerzas políticas involucradas.
Bejas sostuvo que “el presente caso constituye una cuestión de orden público… corresponde sustanciar el recurso de apelación en resguardo del principio de bilateralidad y para asegurar el derecho de defensa”.
La decisión se conoció poco después del fallo que habilitó a Diego Santilli a encabezar la lista de diputados de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, tras la renuncia de José Luis Espert, quien fue desplazado en medio de un escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.
El argumento de la Junta Electoral
La Junta Electoral había rechazado el pedido de reimpresión de LLA por “imposibilidad material y temporal” y por ser “jurídicamente improcedente”, ya que contradice el régimen de plazos, etapas y competencias del Código Electoral Nacional.
Además, advirtió que la medida implicaría un gasto superior a 12.100 millones de pesos, no previsto en el presupuesto, lo que supondría un uso extraordinario de recursos públicos.
Los apoderados de LLA insistieron en que la disponibilidad de las boletas actuales garantiza la realización de los comicios, y sostuvieron que la Justicia Electoral debe “asegurar el ejercicio del voto en condiciones óptimas de información, imparcialidad y libertad”.
Según su planteo, “el fin último perseguido por la normativa electoral es asegurar la expresión genuina de la voluntad del pueblo a través del cuerpo electoral”.
