La actriz expresó su preocupación por el impacto del ajuste en las familias con hijos con discapacidad y calificó la medida presidencial como un acto de “crueldad”.
Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, Valentina Bassi manifestó su indignación por la situación de las personas con discapacidad en Argentina. “Yo escucho y me quiero matar”, dijo, al referirse al ajuste económico.La actriz contó que muchos padres están llenando formularios para presentar a las obras sociales sin saber si sus hijos tendrán escuela el año próximo.
Bassi criticó con dureza el veto de Javier Milei a la ley de discapacidad, al asegurar que “no causaba déficit fiscal”. Señaló que el Presidente “mandó un decreto completamente inconstitucional diciendo ‘no la voy a cumplir’”. En ese sentido, remarcó que “las personas con discapacidad no pueden esperar más” y describió la situación del sistema de cuidados como “desmoronado”.
La artista detalló que los profesionales y centros especializados “están endeudados porque no aumentan el arancel”. Indicó que “de cada cuatro pesos, tres los pagan los privados: las obras sociales y las prepagas, y solo uno el Estado”. “Eso representa el 0,003 por ciento del PBI. No descalabra ningún equilibrio fiscal y para nosotros es letal”, afirmó.
Más adelante, el debate giró hacia el equilibrio fiscal, tema en el que intervino el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Luego, la periodista Cristina Pérez sostuvo que es fundamental el gasto responsable y ejemplificó con el caso de Bassi. “Si hay un 40% de pensiones truchas, es gente que está recibiendo algo que le corresponde al hijo de Valentina”, expresó.
La actriz le respondió con firmeza y pidió “hacer una salvedad”. Aseguró que “nadie que esté relacionado con la discapacidad quiere que alguien sin discapacidad cobre una pensión”. Sin embargo, aclaró que “la auditoría no fue para buscar transparencia, fue para ajustar”. Según relató, “se sacaron de encima ciento cien mil pensiones, y un montón al voleo”.
Bassi sostuvo que recibió mensajes de muchas personas afectadas por la revisión de pensiones. “Estamos de acuerdo en que nadie debe cobrar si no lo merece, pero estas auditorías fueron un desastre. No querían transparencia, querían ajustar”, dijo. Sus palabras reavivaron el debate en la mesa sobre el rol del Estado en la asistencia social.
Finalmente, los invitados discutieron sobre el funcionamiento de la Justicia, las causas por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el caso $Libra. Bassi expresó su desconfianza y consideró que la Justicia “trabaja con signo político”. Pérez respondió que “está actuando” y que “cuando hay evidencia incontrastable, hay reacción”.
