Abogados de Peña califican de nulo el proceso en el Senado
NewsITe
La Cámara de Senadores de Paraguay reanudó este miércoles la sesión extraordinaria por el juicio político al presidente renunciante Santiago Peña, en el marco de la crisis desatada por el colapso del Ueno Bank. Ante el pleno, sus abogados defensores, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, plantearon que el proceso es jurídicamente nulo y que, tras la renuncia, cualquier eventual responsabilidad debe ser analizada por la Justicia ordinaria y no por el Parlamento.
Ferreiro abrió la exposición recordando que dejan “todas las reservas legales” asentadas para acudir, si fuera necesario, desde la Corte Suprema hasta tribunales internacionales de derechos humanos. Según explicó, la figura del juicio político, prevista en la Constitución paraguaya, funciona como una garantía para los funcionarios y no como un mecanismo que restrinja sus derechos. De allí el argumento central: al haber dejado el cargo, Peña ya no podría ser sometido a este tipo de proceso político.
El abogado insistió en que continuar el trámite en el Senado carece de sentido cuando el mandatario ya formalizó su renuncia y cuestionó que, en su criterio, se está forzando la interpretación constitucional. En paralelo, la defensa subrayó que el exjefe de Estado tuvo un margen de tiempo muy limitado entre la notificación de las acusaciones y la citación para defenderse, luego de que el Senado rechazara un pedido de prórroga de 72 horas.
Críticas al libelo acusatorio y a la falta de pruebas
Por su parte, Ricardo Preda reconoció que existió una crisis financiera en Ueno Bank y que ahorristas y jubilados esperan respuestas concretas. Sin embargo, valoró la aprobación de leyes orientadas a la rápida devolución de los depósitos y remarcó que lo que está en discusión en el Senado es si se destituye a un presidente elegido por voto popular con el libelo acusatorio actual. “Con este libelo, no”, sostuvo, al afirmar que no se identifican con claridad las normas que Peña habría violado.
Preda señaló que el escrito acusatorio desconoce conceptos jurídicos básicos y atribuye a Peña decisiones que, por diseño institucional, corresponden a órganos como el Banco Central de Paraguay o el Instituto de Previsión Social (IPS), sobre los que el presidente no tendría injerencia directa. Aseguró además que la acusación carece de pruebas sólidas y se apoya en testimonios indirectos y publicaciones periodísticas.
Cronología de Ueno Bank y cuestionamientos al rol del Ejecutivo
La defensa presentó una cronología del caso Ueno Bank para remarcar que el proceso de conversión de financiera a banco se inició durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, dos años antes de que Peña asumiera la Presidencia. En ese momento, remarcaron, el hoy exmandatario no ocupaba cargos públicos y no tenía vínculo con las decisiones regulatorias sobre la entidad.
- El inicio del proceso de transformación de Ueno en banco se remonta a 2022, antes del actual gobierno.
- Las decisiones sobre inversiones del IPS y la supervisión del banco recaerían en organismos técnicos y no en la figura presidencial.
- No se presentaron testigos que acrediten presiones o instrucciones directas de Peña sobre autoridades financieras.
En relación con la modificación del reglamento de inversiones del IPS en noviembre de 2024, los abogados remarcaron que la medida fue resuelta por el órgano administrador de la previsional, con fundamentos técnicos propios. “¿Qué pruebas hay de que el presidente tomó esa decisión? Como en todo el libelo, ninguna”, insistieron, al remarcar la ausencia de evidencias documentales o testimoniales.
“Una acusación que pretende remover a un jefe de Estado necesita pruebas y este libelo no trae ninguna. En lo jurídico, confunde conceptos elementales y, en lo fáctico, no tiene nada: hay viento y palabras vacías”, cuestionó la defensa.
Mientras el Senado define si avanza con la destitución política, el frente judicial se abre en paralelo. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales contra Peña Palacios y conformó un equipo de fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción para investigar la supervisión y resolución de Ueno Bank, el uso de fondos públicos en la entidad y el rol de distintas autoridades estatales. El desenlace del juicio político y de las investigaciones penales marcará el futuro inmediato de la crisis institucional paraguaya.
