La Cámara alta insistió en las leyes de emergencia pediátrica y de actualización presupuestaria para universidades públicas. Con amplio respaldo opositor, ambas normas recuperan vigencia pese a la resistencia del oficialismo.
El Gobierno sufrió una dura derrota este jueves en el Senado, donde la oposición en bloque rechazó los vetos presidenciales a la ley que declara la emergencia pediátrica —con el Hospital Garrahan como emblema— y a la norma que garantiza y blinda el financiamiento de las universidades públicas. Con esta decisión, ambas iniciativas recobran fuerza y se aguarda ahora la reacción del Poder Ejecutivo.
La votación se realizó en dos instancias. La emergencia pediátrica reunió 59 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones de los senadores Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala. En paralelo, la ley universitaria recibió 58 respaldos, siete rechazos y cuatro abstenciones, incluyendo a la radical Carolina Losada. Ambos proyectos lograron superar los dos tercios requeridos para ratificar las normas, bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Uno de los artículos centrales establece que la emergencia pediátrica implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”. También dispone “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial” y la eximición del pago de ganancias para quienes realicen guardias y horas extras en áreas críticas. En este marco, se declaró “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”.
En cuanto al financiamiento universitario, la norma aprobada ordena la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”. Además, obliga al Ejecutivo a recomponer los salarios de docentes y no docentes con un ajuste no menor a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 y a garantizar paritarias obligatorias cada tres meses, con actualizaciones mensuales ligadas al IPC.
Con este resultado, las dos leyes volverán a entrar en vigencia y se abre un nuevo frente de tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que había buscado bloquearlas a través del veto presidencial.
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