El juez federal Carlos Vera Barros había citado a prestar declaración indagatoria el martes pasado a Omar Andrada, Carlos Sergio Bottini y Luis Antonio Martínez. Ya sea por cuestiones de salud señaladas por las Defensas en dos casos o por la imposibilidad de notificación en otro, la presentación de los imputados ante la justicia no pudo hacerse efectiva, lo que dificulta el avance en la investigación en términos de esclarecer los hechos.
De la Redacción de EL NORTE
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El juez federal Carlos Vera Barros había citado a prestar declaración indagatoria el martes pasado a Omar Andrada, Carlos Sergio Bottini y Luis Antonio Martínez, acusados de estar involucrados -en tiempos de la dictadura- en la muerte del obispo de la Diócesis de San Nicolás Carlos Horacio Ponce de León. Ya sea por cuestiones de salud señaladas por las defensas en dos casos o por la imposibilidad de notificación en otro, la presentación de los imputados ante la justicia no pudo hacerse efectiva, lo que dificulta el avance en la investigación en términos de esclarecer los hechos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había hecho lugar al llamado a prestar declaración indagatoria al exjefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, Omar Andrada, y a los civiles Luis Antonio Martínez y Sergio Carlos Bottini, quienes están imputados por el homicidio agravado de Ponce de León y por el mismo delito, en grado de tentativa, respecto de Martínez, en el marco de un suceso que fue presentado inicialmente y juzgado como consecuencia de un incidente vial el 11 de julio de 1977.
El fallo fue dictado el 27 de agosto pasado e hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía Federal de San Nicolás, que impulsa la hipótesis de un atentado contra el prelado, contra la decisión del entonces juez federal Marcelo Bailaque, quien había denegado la convocatoria de los imputados y supeditado el llamado a la realización de otras medidas de prueba.
La decisión fue adoptada por la sala B de la Cámara Federal, cuyo voto lideró el acuerdo con el que se anuló el decreto del 21 de noviembre de 2024 dictado por Bailaque.
Seguimiento y amenazas
El caso fue presentado y juzgado durante la dictadura como un siniestro vial en el que una camioneta embistió el auto en el que se movían las víctimas por la ruta nacional N°9, pero aquella sentencia, dictada en 1978, fue anulada en 2023 porque la investigación desarrollada por la fiscalía que expone que se trató de un atentado contra Ponce de León, quien al momento de los hechos venía de denunciar en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina.
La colisión se produjo el 11 de julio de 1977, a la altura del kilómetro 212. Ponce de León conducía un automóvil Renault 4S, que chocó una camioneta Ford F-100. El prelado falleció producto del impacto, mientras que su acompañante, Víctor Oscar Martínez, resultó gravemente herido.
La jueza Élida Vidal apuntó que “el caudal probatorio resulta suficiente y determinante para sustentar la convocatoria a declaración indagatoria” de los acusados y repasó la acusación de la fiscalía respecto de cada uno de ellos y puso de relieve que:
– Como jefe de la sección San Nicolás en el Destacamento de Inteligencia, Andrada había catalogado como “oponente” a Ponce de León, a quien los documentos secretos definían como “el respaldo más importante que tenía el MSTM (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo) en su accionar”.
– Bottini iba en la camioneta que participó del siniestro y figuraba como directivo de Agropolo SA y titular registral del vehículo. La firma tenía domicilio en la calle Viamonte 1866 de la Capital Federal, a metros de la sede del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó en la causa que todos los edificios linderos al batallón eran por entonces propiedad del Ejército.
– Martínez declaró que viajaba con Bottini “por razones comerciales” de la empresa Agropolo SA, propietaria de la camioneta.
Premeditado
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario reafirmó en su resolución que el obispo había sido objeto de seguimientos y blanco de amenazas reiteradas, incluso emitidas por las propias autoridades militares de San Nicolás, con el objeto de que se apartara de la diócesis local, puesto que representaba una amenaza para la estructura represiva instrumentada bajo el Área Militar 132, en lo que denominaban “lucha contra la subversión”.
Peritaje y contradicciones
La investigación realizada por la Fiscalía a partir de 2005 arribó sus conclusiones a partir de varios elementos, entre ellos un peritaje confeccionado por el ingeniero y licenciado en Accidentología y Prevención Vial, Jorge Geretto.
La Cámara Federal también marcó la contradicción surgida del cotejo entre el informe del médico de Policía realizado en 1977 y el examen antropológico médico forense, que se practicó en 2009 sobre el cadáver del obispo. En el primero se afirmó que presentaba “coma profundo con fractura y hundimiento de cráneo”, mientras que en el más reciente se determinó que “la calota, el macizo facial, la bóveda craneana interna y el maxilar inferior se encontraban indemnes, sin soluciones de continuidad compatibles con fracturas, ni áreas de hundimiento craneal”.
“No debe soslayarse que el juez de aquella época procedió a hacer devolución de la camioneta, pero no hay constancia en el expediente de que se haya acompañado la documentación que acreditaba su propiedad, ni siquiera de la existencia real de la firma Agropolo SA que aparentemente presidía [Bottini], ni de sus negocios, que nunca fueron objeto de constatación”, sostuvo el Tribunal.
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