El intendente Mauro Poletti decretó un aumento de salarios del 1,9% y un ajuste en la antigüedad, sin abrir paritarias. La medida generó malestar gremial y mantiene a los municipales por debajo de la línea de pobreza.
El intendente Mauro Poletti anunció un incremento salarial del 1,9% para los empleados municipales, junto con un aumento en el porcentaje de antigüedad que pasa del 2,5% al 3% por cada año de servicio. Sin embargo, la medida fue tomada por decreto y sin convocar a la mesa de negociación paritaria, lo que generó un fuerte malestar en el sector gremial y en gran parte de los trabajadores.
La crítica principal apunta a que el Ejecutivo solo ajusta los salarios de acuerdo al último índice inflacionario mensual, sin contemplar la recomposición real frente a la pérdida acumulada que sufrieron los empleados durante los últimos años. Un trabajador municipal promedio percibe alrededor de 450 mil pesos, cifra que se ubica muy por debajo de la línea de pobreza establecida para una familia tipo en Argentina. En ese marco, la decisión unilateral del intendente no solo deja sin espacio al debate, sino que consolida un esquema salarial que condena a cientos de familias a vivir con ingresos insuficientes.
El contraste con la ciudad vecina de San Nicolás es inevitable: allí se anunció un premio anual de 1,5 millones de pesos para los trabajadores municipales, una política de reconocimiento que resalta aún más la precariedad del esquema salarial en Ramallo. Mientras en otros distritos se buscan mecanismos de incentivo y recuperación del poder adquisitivo, en Ramallo se opta por decretar aumentos mínimos que apenas acompañan la inflación del último mes.
Si bien Poletti destaca que en su primera gestión había logrado subir el porcentaje de antigüedad y que ahora lo incrementa nuevamente, lo cierto es que la medida luce más simbólica que efectiva frente a la magnitud de la crisis económica. Los empleados municipales no solo reclaman un aumento que supere a la inflación, sino también un reconocimiento a la pérdida de poder adquisitivo que se acumula año tras año.
En este contexto, el uso del decreto en lugar de la negociación colectiva refleja una falta de voluntad política para abrir el diálogo y construir acuerdos. La gestión municipal se escuda en medidas parciales que no resuelven el problema de fondo: salarios cada vez más alejados de la canasta básica y trabajadores que, aun con la nueva suba, seguirán por debajo de la línea de pobreza.
