“Estamos en cero, esperando que el Gobierno nacional implemente la ley de una vez por todas. Lo que más preocupa es la cuestión de la necesidad de los aumentos. Desde San Nicolás evaluamos hacer paro o movilizarnos si hubiera consenso a nivel federal”, expresaron a EL NORTE los profesionales locales que brindan servicios en el sector.
De la Redacción de EL NORTE
[email protected]
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el Gobierno promulgará la ley de Emergencia en Discapacidad, pero avisó que no la aplicarán hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación. Mientras tanto, los prestadores de servicios manifiestan que siguen en una situación salarial muy complicada y reclaman la urgente implementación del proyecto aprobado y ratificado en el Congreso, tras el veto del Ejecutivo nacional.
Lamentablemente, la situación de los prestadores de servicios sobre discapacidad es la misma que antes de la sanción de la Ley de Emergencia. Estamos en cero, esperando que el Gobierno la implemente de una vez por todas, que la publique en el Boletín Oficial y, sobre todo, que actualice los honorarios. Lo que más preocupa es la cuestión de la necesidad de los aumentos. Desde San Nicolás se evaluó hacer paro o movilizarnos si hubiera consenso a nivel nacional. Por el momento, trabajamos con normalidad, esperando con urgencia que reglamenten la ley cumpliendo con su obligación, manifestaron a EL NORTE desde el sector en nuestra ciudad.
Denuncia
El diputado nacional Esteban Paulón denunció ante la Justicia al presidente Javier Milei, al jefe de Gabinete Guillermo Francos y a otras autoridades del Gobierno por no promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La figura en la que se encuadra la presentación es la de «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público», ya que a la fecha aún no se publicó en el Boletín Oficial la norma 27.793 de financiamiento de las pensiones no contributivas por discapacidad. La denuncia también abarca a la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal Murphy, y al director del Registro Oficial, Walter Rubén González.
Ante las inexplicables demoras en la publicación y cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, presentamos una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Milei, Francos y otras autoridades. Con la angustia de las familias no se juega, afirmó Paulón.
Postura del Gobierno
El Poder Ejecutivo va a promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Después, tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley, y eso tiene distintos aspectos, dijo Francos en una entrevista con Clarín. Y agregó: Lo hablaremos con el presidente. Si fuera por mí, me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema, porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas. Vamos a promulgar la ley como corresponde.
También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera, dice que el Congreso, cuando sanciona una ley, debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí, que soy el jefe de Gabinete, que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan, si no, ¿a quién le sacamos? ¿A los jubilados y lo pasamos a discapacidad?
Principales puntos
La Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, que fue ratificada por el Senado Nacional tras el veto del Presidente, establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
Entre los principales puntos se encuentran: actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023 a la fecha, cancelación de la deuda con los prestadores y actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Indec, pensiones no contributivas equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio (las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras no superen los dos salarios mínimos).
Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro Nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
Impacto fiscal y auditoría
La Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3.627.495 millones. La diferencia del impacto fiscal se debe al número de beneficiarios por nuevas altas entre 493.000 y 946.000 personas, según distintos escenarios que podrían suceder con la nueva ley, sostuvo la OPC.
La Agencia Nacional de Discapacidad llevará a cabo una auditoría con el objeto de realizar una evaluación basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información.
Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.
