El intendente de Ramallo gestiona ante la Provincia el control del corredor que conecta la Ruta 9 con el parque industrial. La propuesta ya genera críticas y dudas legales.
El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, confirmó públicamente que gestiona ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la cesión del control del acceso de camiones que une la Ruta 9 con el Parque Industrial Comirsa a través de Villa General Savio. El objetivo es instalar un puesto de fiscalización con balanza y crear una nueva tasa municipal que, en los hechos, funcionaría como un peaje para el tránsito pesado que circula hacia el parque industrial, San Nicolás y su puerto.
De prosperar, esta medida habilitaría al municipio a cobrar a los transportistas que atraviesen ese corredor, una vía estratégica por donde, según el propio jefe comunal, transitan hasta 40 mil camiones por mes. Poletti argumenta que se trata de “ampliar la matriz tributaria” y de captar ingresos de empresas y transportistas que no tienen sede en Ramallo.
La propuesta ya genera cuestionamientos. Por un lado, señalan que funcionaría como un tributo encubierto bajo la figura de una tasa de circulación, lo que despierta dudas sobre su legalidad y sobre la potestad municipal para aplicarlo en un acceso que hoy figura como ruta provincial. Por otro lado, remarcan que la iniciativa avanza en un contexto de fuerte caída de la recaudación por la tasa de Seguridad e Higiene, judicializada por varias empresas tras los incrementos dispuestos por la actual gestión.
Críticos de la medida señalan que la intención de Poletti es encontrar una nueva fuente de recursos de “libre disponibilidad” a costa del sector transportista, en un contexto donde el propio municipio admite dificultades financieras. También advierten que, lejos de resolver el problema del deterioro de la infraestructura vial, la creación de un peaje municipal podría traducirse en un nuevo costo que terminará impactando en la competitividad de las empresas de la región.
Para concretar el proyecto, el intendente deberá sortear al menos dos obstáculos: obtener la autorización de la Provincia para asumir el control del acceso y lograr la aprobación de la nueva tasa en el Concejo Deliberante, donde no tiene mayoría propia.
