En Argentina el 70% de las trabajadoras de casas particulares no están registradas, no tienen acceso a los derechos laborales ni a la seguridad social. “Las trabajadoras de casas de familia solo sostenemos una canasta básica y para poder pagar otros gastos necesitamos trabajar en varias casas. Es necesario que nuestros empleos sean registrados como lo establece la ley 26.844. Muchas compañeras no pueden jubilarse porque no llegan con sus aportes”, dijo a EL NORTE la secretaria General de San Nicolás del Sindicato de Empleadas de Casas de Familia.
De la Redacción de EL NORTE
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Desde 1983 cada 22 de julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, lo que pone en agenda a este sector y las problemáticas que representa. Se trata del elemental sostenimiento de cualquier economía y sociedad, aunque históricamente feminizado y relegado. Cuidar, limpiar, acompañar representa el 22% del PBI argentino. Sobre la postergación económica y de reconocimiento, EL NORTE dialogó con la secretaria General de San Nicolás del Sindicato de Empleadas de Casas de Familia Carmen González.
En cuanto a la situación actual de las trabajadoras de casas particulares, recién esta semana se anunció un nuevo acuerdo paritario para las trabajadoras domésticas. El último incremento había sido aprobado durante el segundo semestre de 2024.
En Argentina el 70% de las trabajadoras de casas particulares no están registradas, no tienen acceso a los derechos laborales ni a la seguridad social. Este trabajo implica una gran porción dentro de la economía informal del país. Según un informe del Observatorio de las Violencias y Desigualdades de Género, si se registrara al total de trabajadoras, la tasa de informalidad de la economía se reduciría 6,7 puntos. Se estima que cerca de 1,7 millones de personas trabajan en tareas domésticas, pero solo 500.000 están formalmente registradas.
INFORMALIDAD
Un hogar tipo del rubro, en general se encuentra por debajo de la línea de indigencia. Este panorama lleva en muchas ocasiones al pluriempleo: tener más de un trabajo para poder sostener las necesidades básicas.
“Las trabajadoras de casas de familia solo sostenemos una canasta básica y para poder pagar otros gastos necesitamos trabajar en varias casas. Esto para hacer un sueldo para poder sostener nuestra familia. Es necesario que nuestros empleos sean registrados como lo establece la ley 26.844, para que cuando lleguemos a los 60 años nos podamos jubilar, entre otras cuestiones. Ante un eventual accidente, de este modo se cuenta con una ART”, describió.
González amplió: “Muchas compañeras no pueden jubilarse porque no llegan con sus aportes. También debemos recordar que trabajábamos en pésimas condiciones hasta que se homologó nuestra ley de trabajo en 2013, mediante la cual tenemos los derechos de cualquier trabajador como paritarias, vacaciones y aguinaldo”.
RETIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde el Sindicato a nivel central expresan: “Sostener un hogar pagando alquiler, servicios, comida y teniendo niños y niñas en edad escolar hace que sorteemos entre cenar o almorzar y en dividir nuestro día saltando de trabajo en trabajo para llegar a fin de mes” y advierten: “La falta de políticas públicas y la eliminación en la Ley Bases del art 50 de la ley 26.844 nos deja expuestas a la no registración. Como consecuencia, nos corta el derecho a tener Obra Social, A.R.T y contribuciones para luego poder jubilarnos. Dejamos nuestras vidas en los cuidados de las familias y casas de otras personas”.
Sobre la moratoria previsional y el cobro de la pensión PUAM, notan que “no se da en todos los casos y que su monto es absolutamente insuficiente”.
“Hasta marzo, muchas de nosotras podíamos acceder a una moratoria que nos permitiera jubilarnos, pero no se renovó ni se dio prórroga a esta política nacional. Muchas de nosotras no podremos jubilarnos y tendremos que esperar a ver si por suerte nos toca la PUAM, algo que no garantiza que podamos vivir con dignidad después de los 65 años y nos quita el derecho de sentirnos dignas de cobrarlo, aun cuando dejamos nuestras vidas en los cuidados de las familias y casas de otras personas”, manifestó Ana Altamirano -secretaria general del Sindicato del Personal de Casas de Familia (SINPECAF)- en una entrevista con el medio El Resaltador.
Recuerdan que el programa Registradas, “permitía la registración, ser parte de un sistema, y el compromiso de la Secretaría de Trabajo para empezar a fiscalizar”.
EXCLUSIÓN DEL BLANQUEO LABORAL
El Decreto 847/2024 permitió la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas hasta el 31 de julio de 2024, pero no contempló a las empleadas domésticas en su esquema de blanqueo.
El grupo representa más del 70% de los trabajadores en negro, de los cuales 97% son mujeres. La falta de inclusión en el blanqueo dejó a millones sin la posibilidad de formalización.
El gobierno nacional había incluido en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la derogación del artículo 50 de la Ley de Empleo Doméstico, que contempla una indemnización agravada en caso de registración deficiente o falta de registración pero un fallo judicial anuló esta parte del DNU, lo que generó incertidumbre en el sector.
El blanqueo laboral establecido por el Decreto 847/2024 incluyó la condonación de infracciones y deudas por capital e intereses para los empleadores que regularicen a sus trabajadores. Sin embargo, el personal doméstico no pudo acceder a estos beneficios. Además, quienes lograran ser regularizados recibirían un reconocimiento limitado de hasta 60 meses de aportes, calculados en base al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), lo cual no impactaría en el cálculo de sus haberes previsionales.
PRIMER ACUERDO SALARIAL DEL AÑO
En otro orden, el sector anunció que esta semana, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) alcanzó un nuevo acuerdo paritario que establece un incremento salarial del 6,5% para el período comprendido entre febrero y septiembre de 2025. El ajuste contempla una suba del 3,5% sobre los salarios mínimos de enero y tres incrementos adicionales del 1%, que se aplicarán sucesivamente sobre los valores de julio, agosto y septiembre.
Y se acordaron sumas no remunerativas y extraordinarias para los meses de julio, agosto y septiembre, que varían según la carga horaria semanal de la trabajadora:
– Más de 16 horas semanales: $10.000 en julio; $9.500 en agosto y septiembre
– Entre 12 y 16 horas semanales: $7.000 en julio; $6.000 en agosto y septiembre
– Hasta 12 horas semanales: $4.000 mensuales por cada uno de los tres meses
Con este nuevo esquema, la remuneración mínima para la categoría 5°la más demandada será de:
– Julio: $367.163 + bono de $10.000.
– Agosto: $370.835 + bono de $9.500.
– Septiembre: $374.544 + bono de $9.500.
Las partes acordaron reencontrarse en octubre próximo.
La actualización busca compensar el deterioro del poder adquisitivo ante la suba sostenida del costo de vida, en un sector donde la mayoría de trabajadoras y trabajadores en todo el país se encuentra en situación de informalidad.
OTROS NÚMEROS VINCULADOS
Según la CEPAL, el trabajo doméstico no remunerado representa el 22% del PBI argentino. No cotiza en la bolsa ni se mide en dólares, pero es el trabajo que permite que todos los demás trabajos existan: cocinar, limpiar, cuidar, acompañar.
De acuerdo al INDEC, las mujeres en Argentina dedican 30,8 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado. En contraste, los varones sólo 11,6 horas por semana. Esto refleja una brecha de género estructural: ellas trabajan el triple sin salario, ni reconocimiento.
Según datos de UNICEF Argentina (2024), el 10% de las infancias queda al cuidado de hermanos menores de 18 años. En hogares monomarentales, ese número sube al 13%.
Las adolescentes dedican hasta 9,3 horas semanales al cuidado del hogar o de hermanos y hermanas. En un contexto de retiro de políticas públicas nacionales destinadas a promover la formalidad en este sector, la sobrecarga recae en mayor medida en mujeres, niñas y adolescentes.
