Diputados peronistas presentaron un proyecto de declaración en contra del DNU 494/2025 y advirtieron que se trata de un “fraude a la ley suprema” y un “atropello institucional”.
El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) rechazó este jueves el decreto del Gobierno nacional que habilita la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Consideraron que la medida contradice el Convenio Tripartito vigente y apunta a desguazar el control público sobre un servicio esencial.
La postura fue formalizada a través de un proyecto de declaración impulsado por las legisladoras Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz, con el respaldo del jefe del bloque Germán Martínez y una veintena de diputados, entre ellos Leandro Santoro, Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau y Paula Penacca.
Privatización por DNU y sin intervención del Congreso
El Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 494/2025 autoriza la venta del 90% de las acciones de titularidad estatal de AySA. UxP denunció que la norma modifica el régimen legal vigente sin justificar condiciones excepcionales y sin respetar la vía parlamentaria.
“Este decreto constituye un fraude a la ley suprema. No hay urgencia ni circunstancia sobreviniente que impida el funcionamiento del Congreso”, señalaron en los fundamentos. Advirtieron que el DNU elimina garantías establecidas por el Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100.
Impacto en usuarios y alerta por intereses extranjeros
El bloque denunció que la medida “habilita la transferencia de una empresa estratégica a intereses extranjeros” y que busca obtener recursos de corto plazo para sostener políticas fiscales regresivas. También criticaron que no hay ninguna justificación vinculada con la mejora del servicio de agua y saneamiento.
Según UxP, la privatización pone en riesgo la previsibilidad tarifaria y habilita cortes por falta de pago, en contradicción con el artículo 42 de la Constitución Nacional. “La medida es regresiva para los usuarios y carece de participación democrática”, afirmaron.
Finalmente, el proyecto subraya que el DNU representa una “revocación unilateral” del Convenio Tripartito entre Nación, Ciudad y Provincia, que fue ratificado por el Congreso mediante la Ley 26.221. La bancada peronista anticipó que dará pelea legislativa y judicial para frenar la medida.
