El aluvión de correos electrónicos llegó al Tribunal Oral Federal 2 luego de que uno de sus abogados publicara la dirección oficial del tribunal en redes sociales.
El Tribunal Oral Federal N°2, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, recibió más de 700 correos electrónicos con pedidos para visitar a la expresidenta en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Las solicitudes se dispararon luego de que el abogado Gregorio Dalbón publicara la dirección institucional del tribunal en su cuenta de X (ex Twitter).
“Por este medio informo que desde el día de ayer a las 18:00 horas hasta el momento en que se confecciona y firma la presente constancia actuarial, se han recibido un total de 702 correos electrónicos en la casilla institucional del Tribunal, enviados por diferentes personas físicas. Independientemente de los términos que utilizó cada una de ellas, todas requieren expresa autorización para concurrir e ingresar a la vivienda donde Cristina Elisabet Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria”, señala el informe oficial del TOF.
La defensa apeló para eliminar el control sobre las visitas
El tribunal informó que no responderá los correos y notificó a la defensa de la expresidenta, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ya que es la propia condenada quien debe solicitar autorización judicial para que alguien la visite. La publicación de Dalbón fue en protesta por esta condición: “Si querés visitar a Cristina, acompañarla, saludarla, conversar, solidarizarte o simplemente estar, mandá tu solicitud”, escribió. Y agregó: “Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa. Como si fuera culpable de existir”.
La defensa de Kirchner apeló la medida y el TOF elevó la presentación a la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá resolver si la expresidenta puede recibir visitas sin previa autorización judicial. “Habremos de hacer lugar al remedio intentado”, señalaron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu al aceptar el recurso.
Argumentos de la defensa: vida social, rol político y asistencia legal
Los abogados sostienen que la restricción impuesta afecta el derecho a la vida familiar y social de su representada. Argumentaron que la exmandataria necesita reunirse regularmente con contadores, apoderados, peritos y asesores que colaboran con ella en causas judiciales y actividades personales. También remarcaron que continúa ejerciendo como presidenta del Partido Justicialista, lo cual implica mantener contacto con otros dirigentes, incluso de fuerzas opositoras. “Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”, expresaron en el escrito.
