La Comisión Diocesana Pro Informe Testimonial y grupos vinculados a quien fuera obispo de San Nicolás, y sobre quien investigan las circunstancias de su muerte hace casi 48 años, juntan firmas para una nota que se enviará a la Cámara de Apelaciones de Rosario pidiendo un cambio urgente de funcionario para evitar más dilaciones y ante la compleja situación procesal del titular del Juzgado Federal N° 4 a cargo del expediente.
De la Redacción de EL NORTE
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La Comisión Diocesana Pro Informe Testimonial, los grupos Amigos 11 de Julio y Hermanos ‘clero y vida consagrada con memoria y gratitud’ vinculados a Carlos Horacio Ponce de León —quien fuera obispo de la Diócesis de San Nicolás y sobre quien se investigan las circunstancias de su muerte hace casi 48 años— juntan firmas para adherir a una nota que se enviará a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, pidiendo que se pase la causa de forma urgente a un nuevo juez subrogante tras la prisión preventiva dictada al titular del Juzgado Federal N° 4 a cargo del expediente Marcelo Bailaque. También solicitan que se resuelva el recurso por la inacción del magistrado y se haga la indagatoria “de los pocos imputados que aún quedan”.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó días atrás la prisión preventiva en arresto domiciliario del juez federal Marcelo Bailaque, acusado en causas penales por extorsión y vínculos con el narcotráfico. El magistrado no está preso porque tiene fueros, los que podría perder si es destituido en una causa que avanza en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Tras la audiencia de formalización, el juez Bailaque quedó imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal, conductas contrarias a derecho que habría cometido como titular del Juzgado N° 4 de Rosario.
Las investigaciones son impulsadas por el titular de la delegación regional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Argibay Molina; el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) región NEA, Matías Scilabra; y el fiscal federal de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari. Bailaque es quien tenía a su cargo la investigación en torno a la muerte de Ponce de León, entre otras.
La nota a la Cámara
Los firmantes de la nota a la Cámara —y para la cual actualmente se juntan firmas de adhesión— expresaron: “Nos dirigimos a ustedes en esta oportunidad, a fin de poder manifestarles nuestra inquietud ante la delicada situación del juez federal Marcelo Bailaque, de público conocimiento, y el perjuicio tan grande que esta supone a la causa de monseñor Carlos Horacio Ponce de León, al provocar una dilación inaceptable para un hecho tan caro a la vida de la Iglesia argentina, que lleva 48 años ya esperando justicia. Dado que dicho juez es tan solo subrogante en la causa, debido a que el juez titular, Carlos Villafuerte Ruzo, se encuentra apartado de la misma por disposición de la Justicia, nos parece justo y oportuno solicitarles, con todo respeto pero también muy encarecidamente, que de no haber otra manera de garantizar que la situación procesal del juez no continúe agregando dilaciones que en este caso favorecen la impunidad, tengan a bien efectuar el pase de la causa a un nuevo juez subrogante tan pronto como sea posible, y antes de que la biología termine de cerrar todas las posibilidades de justicia. Así como también se resuelva el recurso que se interpuso ante esta Cámara por la inacción de dicho juez, y se haga lugar al llamado a indagatoria, injustamente retardado, de los pocos imputados que aún quedan”.
Sentencia pasada y reapertura
La investigación del caso como un atentado contra Ponce de León —que al momento del hecho venía de denunciar en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos en Argentina— fue una hipótesis trabajada desde 2005 por la Fiscalía Federal de San Nicolás, que logró que el Poder Judicial validara su postura, removiera los efectos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y reabriera el proceso.
La Fiscalía sostiene que Ponce de León fue asesinado en un atentado planificado por diferentes órganos represivos como consecuencia de sus denuncias, que consistió en cruzar la camioneta sobre la ruta para que fuera embestida por el vehículo conducido por Ponce de León en la madrugada del 11 de julio de 1977.
La sentencia de 1978 había determinado que el obispo conducía un automóvil Renault 4S por la Ruta Nacional N° 9 y que a la altura del kilómetro 212 fue embestido por una camioneta Ford F-100, que cruzó de carril. Indicó que el prelado falleció producto del impacto, mientras que su acompañante, Martínez, resultó gravemente herido. El juez provincial Oberdán Andrín condenó entonces al conductor de la camioneta a la pena de seis meses de prisión en suspenso y lo inhabilitó para conducir automotores por cinco años.
