Indemnización millonaria a una empleada municipal por abuso
NewsITe
Un concejal de San Isidro, identificado como Alberto Montes, deberá pagar una compensación de 12 millones de pesos a una ex compañera de trabajo que lo denunció por abuso sexual, tras un episodio ocurrido cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio bonaerense.
El hecho, registrado por una cámara de seguridad en noviembre de 2023, muestra el momento en que Montes, entonces inspector de tránsito recientemente electo concejal por La Libertad Avanza, le da una palmada en los glúteos a una trabajadora de la Dirección de Tránsito de San Isidro mientras ella se encontraba de espaldas realizando sus tareas.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer reaccionó de inmediato: se apartó del lugar y le dio un golpe en el rostro al acusado. A partir de ese episodio radicó una denuncia que avanzó tanto en el fuero civil como en el penal, y que derivó en un acuerdo económico y en la continuidad de la causa judicial por abuso sexual.
El acuerdo económico y la continuidad de la causa penal
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que las partes alcanzaron un entendimiento por el cual Montes se comprometió a abonar 12 millones de pesos en concepto de compensación. El esquema de pago prevé una primera cuota de 3 millones de pesos, dos cuotas de 2 millones y varias cuotas restantes de 1 millón de pesos cada una.
A pesar del acuerdo civil, la investigación penal sigue su curso. La causa está caratulada como “abuso sexual” y tramita en el Juzgado Correccional N° 5. La defensa del concejal pidió el sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado por la Justicia, decisión que ahora se encuentra apelada ante una instancia superior para su revisión.
Repercusiones políticas y sociales
Las declaraciones públicas de Montes, quien intentó minimizar el hecho al señalar que “lo que intentó ser un chiste derivó en una denuncia”, generaron un fuerte repudio de organizaciones sociales, referentes políticos y espacios que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.
- El episodio se suma a una larga serie de casos que exponen situaciones de acoso y abuso en ámbitos laborales.
- La causa se inscribe en el marco de las leyes nacionales que sancionan la violencia de género y promueven entornos de trabajo libres de violencia.
- El caso vuelve a poner en debate la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de protocolos claros frente a estas conductas.
“Lo que intentó ser un chiste derivó en una denuncia”, declaró el concejal, frase que fue duramente cuestionada por distintos sectores por minimizar un hecho de violencia sexual en el ámbito laboral.
Mientras la Justicia penal define la situación procesal del concejal, el caso se convirtió en un nuevo punto de discusión sobre el abuso de poder, la violencia de género en el trabajo y las condiciones de las mujeres en dependencias estatales. El desenlace judicial será seguido de cerca por organizaciones y especialistas que observan en este tipo de fallos una señal clave para desalentar y sancionar conductas similares.
