Con foco en el financiamiento de pensiones, la continuidad de servicios y la inclusión laboral, el objetivo es reestructurar el sistema de atención a personas con discapacidad.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa, impulsada por la diputada María Luisa Chomiak y otros legisladores, pasa ahora al Senado para su tratamiento. El texto propone medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Se declara de orden público y aplicable en todo el territorio nacional.
La ley define a las personas con discapacidad como aquellas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Estas deficiencias, al interactuar con barreras del entorno, limitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Entre las principales medidas, se busca garantizar el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad. Este beneficio alcanzará a quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad y cumplan los requisitos.
La pensión consistirá en el 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleos formales, salvo que los ingresos superen el doble del salario mínimo vital y móvil. Si los ingresos superan ese límite, la pensión se suspenderá hasta que se modifiquen las condiciones laborales o de ingresos. El Ejecutivo podrá otorgar aumentos adicionales por invalidez o zona geográfica. También se contempla la transformación automática de pensiones vigentes en Pensiones por Discapacidad para Protección Social.
El proyecto busca fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral regulado por la Ley 24.901. Los prestadores podrán acceder a un régimen de regularización de deudas tributarias y de seguridad social. Se prevé la condonación de intereses, multas y sanciones, además de la refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. Los aranceles se actualizarán mensualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor del INDEC.
Asimismo, el texto establece una compensación de emergencia por la diferencia entre los aumentos otorgados y la inflación acumulada en 2024. Se busca garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sus programas vinculados a salud, accesibilidad e inclusión contarán con financiamiento adecuado. Además, se actualizará la asignación mensual estímulo al valor vigente del salario mínimo, vital y móvil.
El proyecto incluye mecanismos de diálogo con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan. También propone la armonización normativa con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se reformulan artículos de las leyes 13.478 y 22.431 para adoptar un enfoque de derechos humanos. Con la media sanción en Diputados, el Senado definirá su futuro en las próximas semanas.
