El fiscal a cargo de la instrucción cuestionó “la inacción” del juez en la causa que investiga el posible asesinato del obispo de San Nicolás, ocurrida en 1977. En febrero pasado presentó un recurso legal ante la falta de avances. La denuncia se enmarca en la demora en el proceso tras la solicitud de indagatoria a tres exmilitares y dos civiles imputados.
De la redacción de EL NORTE
[email protected]
La causa por el probable asesinato del obispo Carlos Ponce de León, fallecido en 1977 en circunstancias que son materia de investigación, volvió a ser noticia debido a la falta de avances judiciales. La Fiscalía Federal de San Nicolás cuestionó la dilación en el proceso, que lleva ocho meses sin que el juez federal Marcelo Bailaque tome decisiones clave en el caso. A pesar de que el fiscal solicitó en julio de 2024 la indagatoria de tres exmilitares y dos civiles imputados en el homicidio del obispo, hasta la fecha no se han producido avances significativos.
Carlos Ponce de León, quien fue un firme opositor a la dictadura cívico-militar, murió el 11 de julio de 1977 en un accidente de tránsito que, tras una revisión judicial, se consideró un homicidio agravado. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la nulidad de la sentencia dictada en 1978, que lo había declarado víctima de un accidente, debido al contexto de violaciones a los derechos humanos en el que se dictó. A raíz de esto, el fiscal federal de San Nicolás solicitó la indagatoria de los acusados: Bernardo Luis Landa, Omar Andrada, Luis Américo Muñoz, Luis Antonio Martínez y Sergio Carlos Bottini.
Sin embargo, ocho meses después de la solicitud, el juez Bailaque no tomó ninguna acción. El magistrado justificó el retraso citando un exhorto al Vaticano, aunque en Fiscalía rechazan este argumento, señalando que la solicitud de indagatoria se presentó tres meses antes de que se enviara la consulta al Vaticano, por lo que –argumentan– no pudo ser ésa la causa del retraso.
Falta de acción judicial
El 10 de febrero pasado, el fiscal presentó un recurso por “retardo de justicia” contra Bailaque, respaldado por la querella presentada por la sobrina del obispo asesinado. Este recurso siguió a un pronto despacho emitido en diciembre de 2024, en el que se instó al juez a actuar sin más demoras. En su queja, Fiscalía enfatizó que la causa podría tratarse como un delito de lesa humanidad, lo que agravó la situación de impunidad ante la falta de acción judicial.
El fiscal también señaló que el retardo en el proceso impide que los acusados ejerzan su derecho a defensa y complica la posibilidad de esclarecer los hechos ocurridos hace casi 50 años. Además, alertó sobre el riesgo de que los imputados se beneficien de la “impunidad biológica”, fenómeno en el que las causas quedan detenidas en espera de que los acusados fallezcan o se incapaciten para enfrentar el juicio.
Mientras tanto, la Iglesia católica dio señales de apoyo a la investigación. En 2024, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) creó una comisión especial para investigar la vida y obra pastoral de Ponce de León, presidida por José Luis Mollaghan, arzobispo emérito de Rosario. Además, más de cien obispos argentinos fueron notificados sobre el inicio de una nueva investigación sobre su muerte. La Iglesia también conmemoró el aniversario de su fallecimiento con un mensaje en el que expresó el deseo de que la Justicia esclarezca los hechos ocurridos el 11 de julio de 1977.
A pesar de estos gestos, la causa sigue sin resolverse y la familia, junto a la querella, continúa luchando por que se haga justicia por el asesinato de Ponce de León, quien fue una figura clave en la oposición a la dictadura cívico-militar.
