La normativa fue aprobada por unanimidad con 67 votos a favor. Antes, se había dado luz verde al Juicio en Ausencia y a la suspensión de las PASO. En paralelo, se rechazó la creación de una comisión para investigar a Javier Milei por el escándalo cripto.
El Senado aprobó este jueves la ley que introduce modificaciones en la reincidencia y reiterancia de delitos, con el objetivo de endurecer las penas y eliminar la denominada “puerta giratoria” para delincuentes. La iniciativa fue sancionada con 67 votos afirmativos en la votación general, obteniendo respaldo unánime. Minutos después, se avanzó con el tratamiento en particular, donde el kirchnerismo rechazó algunos artículos.
El nuevo texto establece que “se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”. Además, la normativa modifica el criterio utilizado para determinar la pena final, que hasta ahora se definía mediante distintas interpretaciones judiciales. Con la reforma, la sanción será el resultado de la sumatoria de todos los delitos cometidos.
Uno de los puntos clave de la ley radica en la diferencia entre “reiterancia” y “reincidencia”. Hasta el momento, los jueces basaban sus fallos en la posibilidad de fuga y el posible entorpecimiento de la causa. Con la nueva legislación, se incorporará un tercer criterio: las imputaciones previas del acusado también serán consideradas al momento de definir su situación procesal.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo, busca reformar el tratamiento penal de los delitos y endurecer las condiciones para quienes reincidan en la comisión de ilícitos. Desde el Gobierno, sostienen que estas modificaciones permitirán una mayor efectividad en el sistema judicial y evitarán la excarcelación rápida de personas con antecedentes.
El debate legislativo en torno a esta reforma se dio en un contexto de creciente demanda social por mayor seguridad y endurecimiento de penas. Con la sanción de la ley, se espera un impacto directo en los fallos judiciales y en el tratamiento de los reincidentes dentro del sistema penal argentino.
