Cuba libera 553 presos políticos tras salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo, generando reacciones encontradas.
Cuba anunció recientemente la liberación de 553 presos políticos, una medida que se produce tras su exclusión de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Este gesto, considerado significativo, ha generado reacciones encontradas tanto en la comunidad internacional como en sectores opositores dentro y fuera de la isla.
Como parte de sus estrechas relaciones con el Vaticano, el gobierno cubano informó al Papa Francisco y a sus representantes sobre el proceso de revisión y excarcelación. Desde hace varios años, estas comunicaciones han sido una práctica habitual en el sistema de justicia cubano, que destaca por su enfoque humanitario según el discurso oficial. En este marco, entre 2023 y 2024, más de 10 mil personas privadas de libertad fueron excarceladas bajo distintas modalidades de beneficio previstas en la legislación nacional.
En junio de 2023, el presidente Miguel Díaz-Canel visitó el Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco, un encuentro precedido por la reunión del canciller Bruno Rodríguez Parrilla en agosto de 2022. Durante estas reuniones, además de abordar temas de interés mutuo, se compartió información sobre los procesos de excarcelación y se destacó la oposición cubana a las políticas de Estados Unidos hacia la isla. En enero de 2025, Díaz-Canel envió una carta al Papa en el marco del Jubileo Ordinario, anunciando la decisión de liberar a las 553 personas sancionadas, quienes recibirán sus respectivos beneficios gradualmente.
El gobierno cubano subrayó que estas liberaciones se basan en análisis cuidadosos y se enmarcan dentro de los principios humanitarios y justos que según el régimen caracterizan al sistema penal y penitenciario del país. La comunicación fluida con el Vaticano y la relación constructiva con el Papa Francisco son, según las autoridades cubanas, factores que facilitan este tipo de decisiones.
Pese a este anuncio, organizaciones de derechos humanos y opositores han mostrado escepticismo, argumentando que estas medidas “podrían ser estrategias para mejorar la imagen del régimen en el escenario internacional”. Observadores internacionales seguirán de cerca estas acciones, exigiendo transparencia y avances concretos en materia de libertades y derechos humanos.