La justicia investiga un “sistema paralelo” de gestores que eliminaban infracciones de tránsito.
Una investigación judicial en desarrollo pone en la mira a figuras clave de la política bonaerense y al sistema de gestión de multas de tránsito y concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. El caso, que mezcla acusaciones de fraude, malversación y corrupción, involucra a funcionarios, empresarios y sistemas públicos, generando un fuerte impacto político.
Jorge D’Onofrio: El ministro massista bajo sospecha
El principal señalado en este caso es Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y figura cercana al ex candidato a presidente, Sergio Massa. D’Onofrio enfrenta acusaciones de haber permitido un sistema paralelo de gestores que eliminaban infracciones de tránsito. Según las denuncias, los gestores ofrecían a infractores la posibilidad de borrar sus multas por un porcentaje del monto adeudado, generando pérdidas millonarias para el sistema oficial.
D’Onofrio niega categóricamente las acusaciones y asegura que el sistema informático no permite borrar infracciones. “Al fiscal le dimos acceso remoto al sistema. Puede ver online todo lo que se hace y se hizo. Esperamos el peritaje informático para demostrar que esta denuncia es falsa”, declaró el ministro.
Claudia Pombo: La conexión en Pilar
Otro nombre central en la causa es el de Claudia Pombo, presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y cercana a D’Onofrio. Según fuentes judiciales, Pombo era quien coordinaba a los gestores implicados en el esquema. Las acusaciones incluyen la creación de una red que captaba infractores y se quedaba con un porcentaje del dinero recaudado.
Pombo ya había enfrentado condenas judiciales por peculado en el pasado, tras ser acusada de sustraer fondos públicos mientras dirigía el Registro de la Propiedad Automotor Nº 2 de San Miguel. Su reincidencia en escándalos de corrupción ha despertado duras críticas desde la oposición.
Secutrans: La empresa afectada
La denuncia inicial en esta causa proviene de Secutrans, una compañía que provee tecnología para las fotomultas. Según la empresa, las prácticas fraudulentas habrían generado una caída en su recaudación de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales. Este dato evidencia la magnitud del presunto desfalco y el impacto sobre las finanzas públicas.
Mario Quattrochi: El juez de faltas en la mira
El juez de faltas Mario Quattrochi también está acusado de participar en el esquema. Según las investigaciones, habría facilitado el borrado de multas a cambio de dinero. Quattrochi enfrenta cargos por fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según lo señalado por la fiscalía a cargo de Álvaro Garganta, en los tribunales de La Plata.
Sebastián Desio: El empresario de la VTV
El caso no se limita a las multas de tránsito. También se investigan irregularidades en las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Sebastián Desio, empresario ligado políticamente a D’Onofrio, es señalado por obtener contratos con concesionarias de VTV para proveer servicios tecnológicos. Estos contratos incluían un cobro del 8,5% más IVA sobre las tarifas de cada inspección.
La sospecha radica en que, tras estos acuerdos, las concesionarias beneficiadas eran oficializadas mediante resoluciones del ministerio de Transporte. La trama de la VTV ha derivado en una causa paralela en el Juzgado Federal de Campana, donde se investigan posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Impacto político
Las denuncias han generado fuertes repercusiones políticas. Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, exigió la renuncia de Jorge D’Onofrio y recordó los antecedentes judiciales de Claudia Pombo. “En Pilar ya se había advertido sobre esta persona, que cuenta con antecedentes de malversación de fondos”, escribió Carrió en sus redes sociales.
Por su parte, D’Onofrio ha insistido en su inocencia y espera que el peritaje informático deseche las acusaciones. “Es una operación política”, aseguran desde el entorno del ministro, mientras el gobierno provincial lo respalda públicamente.
El expediente principal se tramita en la fiscalía de Álvaro Garganta, que investiga el esquema de las multas. Sin embargo, las denuncias por la VTV han sido remitidas al Juzgado Federal de Campana, donde los denunciantes han señalado inversiones sospechosas en España, supuestamente vinculadas a Pombo y Quattrochi.
La investigación enfrenta obstáculos. En el caso de la VTV, el juez Adrián González Charbay se declaró incompetente, y el expediente fue devuelto por la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, los fiscales analizan si las conductas denunciadas constituyen lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.