Está detenido desde enero, acusado de abusos sexuales reiterados contra mujeres en su consultorio. En el juicio en curso, admitió los hechos, y actualmente se debate la pena.
Un masajista y practicante de reiki de Villa Constitución enfrenta una solicitud de más de 25 años de prisión en un juicio oral donde se le acusa de haber cometido abusos sexuales reiterados contra cinco jóvenes, dos de ellas menores de edad, que acudieron a su consultorio en momentos de vulnerabilidad emocional. Las audiencias, que comenzaron hace dos semanas en los tribunales de esa localidad, permitieron que las víctimas relataran el impacto en su salud, sus relaciones sociales y sus proyectos de vida tras sufrir los abusos. El acusado admitió los hechos, por lo que el debate actual se centra en la pena a imponer.
El pasado viernes se realizaron los alegatos finales, con el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) participando como querellante. Las abogadas de las víctimas solicitaron una condena de 28 años de prisión, mientras que la Fiscalía propuso 25 años y la defensa abogó por una pena mínima. Tras un receso, el tribunal ha convocado una nueva audiencia entre el 20 y el 25 de noviembre para emitir el veredicto.
El acusado es Valentín Cayetano Benítez, de 57 años, detenido en febrero pasado tras una serie de denuncias por abusos sexuales. La presentación inicial de una mujer en Villa Constitución motivó a otras víctimas a denunciar situaciones similares. Cinco de ellas decidieron avanzar con acciones penales contra el masajista, quien llegó a juicio imputado por abusos sexuales, según la reiteración de la fiscal Analía Saravalli.
Juicio
En el juicio oral y público que comenzó hace dos semanas ante los jueces Eugenio Romanini, Darío Pangrazi y Griselda Strólogo, la fiscal solicitó una condena de 25 años de prisión para Benítez, acusado de tres hechos de abuso sexual con acceso carnal y varios episodios de abuso sexual simple que ocurrieron en “un número indeterminado de veces”. Argumentó que Benítez aprovechaba su posición laboral y la vulnerabilidad de las mujeres que acudían a su consultorio para perpetrar los abusos.
Según la acusación, Benítez “abusaba de ellas sin distinción, haciéndolo progresivamente, ganándose la confianza de las víctimas y confundiéndolas”. En el transcurso de los tratamientos, les decía a las jóvenes que les “liberaría el chakra sexual, que se encontraba bloqueado”, manipulándolas para que creyeran que aceptaban los sometimientos. Bajo esta misma perspectiva, las abogadas querellantes del CAJ, Juliana Tagliatti y Celina Ponti Marcuzzi, solicitaron una pena de 28 años de prisión, destacando el “contexto de violencia de género y vulnerabilidad” en el que se dieron los abusos y el impacto psicológico en las víctimas.
Dado que el acusado admitió los hechos, el juicio se centró en determinar la pena. “Valoro que se pueda llevar adelante un juicio con estas características, discutir la pena es interesante y trabajamos para acreditar los daños causados a las víctimas, que no pretenden una reparación económica”, comentó Tagliatti al medio La Capital. A su vez, expresó que para las denunciantes, “es reparador que esto no les siga ocurriendo a otras mujeres y contar lo que les pasó en representación de otras que no pudieron”, ya que otras víctimas denunciaron hechos considerados prescriptos y algunas optaron por no participar en el juicio.
Testimonios
La abogada relató que, en enero, las víctimas acudieron al CAJ con mucha angustia, solicitando asistencia para el seguimiento de la causa. A partir de entonces, se conformó un equipo interdisciplinario que incluyó a las psicólogas María Picheti y Eugenia De Loredo, y a la trabajadora social Cecilia Andreuchi. “Transitar el juicio oral y público y contar los efectos de estos hechos es muy difícil. Por eso fue muy importante el acompañamiento de estos equipos”, señaló Tagliatti. Para la querella, el debate no solo permitió exponer la gravedad de los abusos, sino también “visibilizar estas situaciones en las que se delega poder a otra persona en espacios de intimidad. Es necesario remarcar que ninguna terapia habilita o admite los abusos sexuales”.
Las víctimas afirmaron haber vivido experiencias similares. Asistieron al consultorio entre 2021 y 2023, buscando terapias alternativas en momentos de dolor emocional. Indicaron que el terapeuta aprovechó su confianza y abusó de ellas de manera progresiva. Según sus relatos, el masajista justificaba sus actos argumentando que evitaría que contrajeran cáncer, aliviaría sus dolores o desbloquearía su energía.
En varios casos, los abusos se volvieron recurrentes, causando a las víctimas ataques de pánico, estrés postraumático y otras enfermedades. “Recuperarme de esto me va a llevar toda la vida. Me siento una sobreviviente”, manifestó una de las víctimas durante el juicio, donde también intervinieron los profesionales que las asisten.
Ricardo Lamas, Subdirector de Acceso a la Justicia, quien siguió de cerca el caso, reflexionó: “En épocas donde las personas desprotegidas van en busca de una sanación es importante visibilizar que ninguna terapia alternativa o religiosa puede avanzar sobre el cuerpo de las personas ni tener contenido sexual”.
El viernes pasado, en sus alegatos, las abogadas querellantes argumentaron que los hechos ocurrieron en el contexto de “una relación de confianza, de dependencia emocional, manipulación y sometimiento”. También expusieron sobre la violencia de género ejercida sobre las víctimas, quienes asistían al consultorio “semanalmente y algunas de ellas durante años”.
Tagliatti señaló que las víctimas enfrentaron “mucha dificultad para poner en palabras lo ocurrido y vieron afectadas su integridad física, psíquica, sexual así como sus relaciones vinculares y comunitarias”. Por ello, destacó la “importante que el Estado, en este caso el CAJ, esté presente para escuchar e impulsar que estas causas lleguen a la Justicia”.