El caso alcanzó notoriedad cuando, el 23 de octubre, una pareja italiana fue interceptada en el aeropuerto de Ezeiza al intentar salir del país con una beba de dos semanas, gestada por una joven rosarina de 28 años que los acompañaba.
Este viernes, la investigación judicial sobre un presunto tráfico de niños vinculada a una organización que captaba mujeres para gestar y vender recién nacidos sumó otro capítulo con una serie de allanamientos en clínicas y sanatorios de Rosario. La causa que inició en enero tras una alerta desde Alemania por un bebé de tres meses de nacionalidad argentina en mal estado de salud, ha revelado nuevos detalles.
La causa se encuentra bajo la dirección del juez Federico Villena, quien reemplazó a la jueza inicial María Eugenia Capuchetti.
En ese sentido la División de Delitos contra Grupos Vulnerables y Trata de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó diez allanamientos en centros de salud. Según informaron fuentes policiales al diario La Capital, “los allanamientos fueron positivos y se obtuvo información relevante para la causa”. Los procedimientos buscan establecer la conexión entre estas clínicas y la supuesta organización que captaba a mujeres en situación vulnerable para ofrecer recién nacidos a parejas extranjeras.
El caso alcanzó notoriedad cuando, el 23 de octubre, una pareja italiana fue interceptada en el aeropuerto de Ezeiza al intentar salir del país con una beba de dos semanas, gestada por una joven rosarina de 28 años que los acompañaba. Según los documentos presentados, la mujer aparecía como la madre de la bebé y uno de los italianos figuraba como el padre, un oncólogo de Padua. Sin embargo, la discrepancia en las fechas de viaje del italiano y la concepción de la niña abrió sospechas de un posible tratamiento de subrogación.
La joven, residente en un asentamiento de la zona oeste de Rosario, declaró haber recibido 6 millones de pesos durante el embarazo y un pago adicional de 10 millones tras el nacimiento. La Procuración de Trata de Personas (Protex), en conjunto con otras autoridades, sigue de cerca el caso para identificar a todos los responsables y analizar los documentos vinculados a las gestaciones, internaciones y pagos realizados por los involucrados.
Este caso ha destapado una red que presuntamente facilitaba la salida de recién nacidos hacia Europa a través de acuerdos de subrogación no regulados y plantea serias interrogantes sobre los controles en clínicas y centros de fertilidad. La investigación continúa mientras se espera que los nuevos datos recolectados fortalezcan la causa contra esta organización.