El oficialismo busca dictamen para la Ley de Propiedad Privada
NewsITe
El Senado de la Nación se prepara para emitir dictamen sobre el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por el Gobierno nacional, que incorporará en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales, norma aprobada originalmente durante el kirchnerismo y luego modificada por el DNU 70/23.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, fue convocado para este martes a las 18. En ese ámbito se espera avanzar en un texto de consenso que recoja los acuerdos alcanzados en la Cámara de Diputados y las demandas de distintos bloques opositores.
Uno de los puntos centrales del debate será la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, que había flexibilizado las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. A partir del amplio respaldo cosechado en Diputados —239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones—, el oficialismo decidió avanzar ahora con la restitución plena del régimen de Tierras Rurales.
Qué implica la restitución de la Ley de Tierras
Con la vuelta de la Ley de Tierras Rurales, se reafirmarán los límites a la extranjerización de la propiedad rural en todo el país. La normativa fija un tope máximo del 30% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, así como restricciones específicas para zonas estratégicas como áreas núcleo de producción, espejos de agua y franjas de frontera.
- Tope del 30% para la titularidad extranjera de tierras rurales en cada jurisdicción.
- Límites de hasta 1.000 hectáreas por titular extranjero en las áreas agrícolas más productivas.
- Resguardo de recursos sensibles como lagos, ríos, cuencas y zonas de seguridad de frontera.
La restitución de estos parámetros fue respaldada por una amplia mayoría parlamentaria que incluyó a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y diversos bloques provinciales. La confluencia de sectores ideológicamente distantes revela la sensibilidad política del tema y el consenso en torno a la necesidad de mantener un control estatal sobre la tenencia de tierras estratégicas.
Una ley acotada y el giro del Gobierno
El proyecto de Ley de Propiedad Privada llega al Senado con media sanción de la Cámara baja, aunque en una versión recortada luego de las modificaciones impulsadas por la oposición peronista. En el Senado fueron suprimidos capítulos vinculados a la Ley de Manejo del Fuego y a la intención original del Ejecutivo de derogar la Ley de Tierras Rurales, lo que dejó sin efecto el alcance del artículo 154 del DNU 70/23.
Paradójicamente, tras haber intentado eliminar esa normativa, el Gobierno ahora promueve su restitución en el marco del mismo paquete legislativo. El giro responde a la fuerte presión de la oposición, que llegó a plantear la posibilidad de voltear en bloque el DNU 70/23 si no se preservaban los límites a la extranjerización de la tierra.
La versión acotada de la iniciativa que sobrevive luego del paso por el Senado se concentra en dos ejes: la modificación de la Ley de Expropiaciones, que restringe las facultades del Estado para declarar de utilidad pública bienes inmuebles, y una reforma de la normativa de desalojos que busca acortar sustancialmente los plazos judiciales para la recuperación de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.
El tratamiento en comisiones será una nueva prueba para el oficialismo, que deberá consolidar acuerdos para avanzar con un texto que combine mayor protección de la propiedad privada con límites claros al avance del capital extranjero sobre las tierras rurales argentinas.
Tras el dictamen en comisiones, el proyecto quedará en condiciones de ser tratado en el recinto, en una sesión que se anticipa intensa por el impacto económico, social y político que tiene la regulación de la propiedad rural y los alcances del derecho de propiedad en la Argentina.
