Por primera vez un Tribunal santafesino utilizó la figura de transfemicidio. Lo hizo para condenar al asesino de la activista. El caso contó con dos querellas. Por un lado, el Centro de Acceso a la Justicia, que representó a la familia de Ironici, y, por el otro, la Colectiva de Abogadas y el Instituto de Políticas LGBT.
De la Redacción de EL NORTE
[email protected]
Alejandra Ironici fue la primera mujer trans en recibir el DNI -antes de la Ley de Identidad de Género- y la primera en acceder a una vaginoplastía en un hospital público. Por eso, la condena por su asesinato no podía menos que ser histórica. Por primera vez, la justicia santafesina reconoció el asesinato de una persona trans como transfemicidio. Además, también dio lugar al reclamo de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas –junto al Instituto de Políticas Públicas LGBT– de que se reconozca la responsabilidad del Estado y exhortando a los demás poderes a tomar medidas para reparar al colectivo travesti trans.
El tribunal integrado por los jueces Pablo Busaniche (presidente) y Sebastián Szeifert y por la jueza Susana Luna dispusieron por unaminidad prisión perpetua de Héctor Barrero, pareja de Ironici. Se lo condenó por los delitos de transfemicidio agravado (por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género) y abuso sexual con acceso carnal.
La sentencia se dio a conocer en el marco del juicio oral y público que finalizó el 22 de marzo en los tribunales de la capital santafesina.
En la plaza 25 de Mayo, se sumaron con sus banderas quienes acompañaban la militancia de Alejandra, junto a referentes de distintos espacios políticos y de distintas ONG. Priscila Martínez, presidenta de la Comisión Directiva del Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa (MISER), sumó también: “De ahora en más, seguiremos con el legado de Alejandra. Esta organización, que ella presidía, trabajará para toda la sociedad”.
Dentro de Tribunales, escucharon la sentencia Mercedes y José Luis, hermanos de la víctima. Llegaron desde Tostado, en el extremo norte de la provincia de Santa Fe, localidad que Ironici abandonó hace muchos años huyendo de la discriminación.
EL CRIMEN
El hecho ocurrió el domingo 21 de agosto de 2022 en la casa de la víctima ubicada en pasaje Público al 8100, donde convivía desde hacía unos cinco meses con el ahora condenado Barrero.
La acusación contó que el agresor tomó por detrás a Ironici y con un arma blanca le asestó 46 puñaladas. Previo a matarla la abusó sexualmente y prendió fuego su cuerpo. Luego se fue de la casa y se llevó un celular, una computadora y el auto de la víctima que fue encontrada esa noche por un familiar y dio aviso al 911. Según la investigación el crimen había ocurrido entre 12 y 18 horas antes del hallazgo.
IMPLICANCIA DEL ESTADO
“El mayor logro fue conseguir la calificación de transfemicidio”, dijo la fiscal Alejandra del Río Ayala, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de Santa Fe, tras la lectura del veredicto. “No sólo es algo complejo, novedoso, implica un cambio de paradigma en las interpretaciones tradicionales de los tipos penales, sobre todo del inciso 4 del artículo 80 del Código Penal. También en términos probatorios porque no fue algo sencillo. Estamos conformes”, agregó.
También destacó que se haya quedado probado el abuso sexual porque fue un cargo que el condenado negó de manera sistemática. Aún después de reconocer el asesinato.
El caso contó con dos querellas. Por un lado, el Centro de Acceso a la Justicia, que representó a la familia de Ironici, y, por el otro, la Colectiva de Abogadas y el Instituto de Políticas LGBT. La abogada Sofía Basso, representante de ese último grupo, expresó en diálogo con Presentes su satisfacción por el resultado. En especial porque el Tribunal dio lugar a su pedido de reconocer la responsabilidad estatal y solicitar medidas reparatorias para todo el colectivo travesti trans.
“Hoy solo conocimos el resultado, la parte resolutiva de la sentencia; pero falta conocer el alcance de los fundamentos, entender cómo logramos el convencimiento del Tribunal de la implicancia que tiene el Estado en el contexto de travesticidio social”, detalló. E insistió en que se trata de un precedente histórico en el país.
PEDIDO DE MEDIDAS REPARATORIAS
Durante los alegatos de cierre, la querella que representó a organizaciones sociales solicitó para Barrero la misma pena por el delito de transfemicidio en contexto de travesticidio social. Agregó la importancia de que el tribunal declare al Estado santafesino como responsable y se lo inste a cumplir con una serie de medidas que promuevan el acceso a la vivienda y el trabajo. También la sanción de leyes y la creación de programas de acceso a la Justicia.
Puntualmente solicitó al Tribunal que declare la responsabilidad estatal y dicte las siguientes medidas reparatorias:
1- Que se recomiende al Poder Legislativo la declaración de la emergencia social en violencia hacia las personas travestis y trans, siendo esta una deuda histórica para con el colectivo.
2- Que exhorte a los tres poderes del Estado provincial de forma urgente a dar pleno cumplimiento a la Ley N° 13.902 de Inserción y estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgénero, promoviendo su contratación y empleo en el sector público y privado.
3- Que solicite al Poder Legislativo la aprobación del proyecto de Ley Integral Trans y al Poder Ejecutivo la inmediata puesta en marcha la Ley de Reparación Histórica para Personas Travestis y Trans.
4- Que inste al Legislativo y Ejecutivo a diseñar e implementar políticas públicas concretas para dar respuesta al problema habitacional que viven las personas trans, promoviendo asimismo desde ese lugar la inserción laboral y la obtención de plena autonomía y de una vivienda propia.
5- Que imponga al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad provincial, y/o al organismo que se haya conformado en su reemplazo, dentro del plazo de un año desde la notificación de la sentencia, efectuar un diagnóstico sobre el contexto de violencia que enfrentan las personas trans en la provincia de Santa Fe y a crear un programa de acceso a la justicia y asistencia a personas del colectivo travesti trans.
