El incremento solicitado por la empresa de distribución, que llevaría las tarifas a casi el doble, representa apenas una parte del componente total. A eso habrá que sumarle la suba que pretende aplicar el Gobierno nacional en el eslabón inicial, y la quita de subsidios
De la redacción de EL NORTE
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La audiencia pública en la que se debatió sobre las tarifas de gas en Argentina anticipó apenas una parte de los aumentos que se instrumentan para los usuarios desde febrero. Si bien era una instancia para que los encargados del transporte y distribución de la energía dieran a conocer sus pretensiones, desde el Gobierno nacional se adelantaron y advirtieron que en los próximos meses sumarán más presión a los incrementos, ya que analizan en una quita inmediata de subsidios a la extracción de gas y un nuevo esquema para asistir solo a sectores extremadamente vulnerables.
Pasada esta instancia ya se habló de porcentajes de aumentos, pero cabe tener en cuenta que, de aprobarse estas cifras, representan solo una parte en la composición de la tarifa. Distribuidoras de todo el país realizaron su descargo, entre ellas Litoral Gas, que pidió autorización a Enargas para aplicar un aumento del 500% en su tarifa. Para trasladar esa solicitud (en caso de aprobarse) a la boleta que pagará el usuario nicoleño, es necesario tener en cuenta que ese componente representa el 14% sobre el total del precio final.
Todavía resulta prematuro hablar de montos, y más teniendo en cuenta que el impacto será diverso de acuerdo al nivel de consumo que tiene cada usuario, pero Litoral Gas sostuvo que la incidencia en la factura de la actualización pedida por esa empresa en usuarios residenciales sin subsidios implicaría un aumento mensual de $2700 para un R1; $4977 para un R23 y $19.810 para un R34. Para quienes cuentan con subsidios, por ahora las cifras serán más bajas, aunque hay que tener en cuenta que el Gobierno analiza ir quitando los beneficios a partir de febrero.
Estas cifras no contemplan aumentos en el resto de los componentes del costo final. La factura que pagan usuarios del servicio de gas natural por redes se compone de cuatro eslabones: extracción del gas (que representa el 46% del costo), transporte (11%), distribución (14%) e impuestos (29%). La distribuidora santafesina habló solo del tercero de esos cuatro componentes.
La parte de Litoral Gas
Un aumento del 500% en distribución puede llevar a un aumento del 100% en la factura. Un aumento del 300% en el transporte, como se planteó en la audiencia, puede implicar un incremento del 40% en la tarifa.
Néstor Molinari, representante de Litoral Gas, detalló durante la audiencia que, para la distribuidora, es necesario que la factura promedio mensual para un usuario de Nivel 1 pase de los $5834 en la actualidad, a $10.876. Según detalló en su intervención, el aumento de $5042 se compone de $3584 por distribución y $1458 por impuestos.
Para los usuarios del Nivel 3, según el representante de la empresa provincial, la factura debería pasar de $4423 a $9691. Ese ajuste de $5268 se compondría de $3744 de distribución y $1524 de impuestos.
Otros componentes
La convocatoria de Enargas estaba destinada a tratar los ajustes en transporte y distribución, pero el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo, aprovechó para spoilear aumentos que van de la mano con lo que pretende el Gobierno nacional. Se trata del sendero hacia la tarifa plana, es decir, sin subsidios para la mayoría de los consumidores, contemplando solo a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad.
El funcionario nacional informó que habrá una “readecuación progresiva de subsidios” durante los próximos tres meses. En detalle, habrá una quita del 33% de la asistencia en los inicios de febrero, marzo y abril hasta que los usuarios paguen el costo total del gas. El funcionario afirmó que pasarán de pagar 0,7 USD a USD 4,1 el millón de BTU, es decir, un salto de casi 500 por ciento en lo que respecto al primer eslabón de la cadena (extracción en boca de pozo).
Una vez aplicado estos aumentos, en abril comenzaría a regir un nuevo esquema de subsidios, destinados específicamente a los sectores más vulnerables mediante la aplicación de una canasta energética en función del ingreso familiar y la zona, que deberá pasar por el tamiz de una nueva audiencia que tendría lugar en marzo.
