A través de sendos comunicados, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados plantearon sus posturas de “rechazo” en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus que el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso para ser tratados en extraordinarias. El Colegio de Abogados de San Nicolás replicó ambos contenidos en sus redes sociales.
De la redacción de EL NORTE
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El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (Colproba) cuestionó la decisión del Gobierno nacional de promover profundos cambios a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Parejamente, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA, entidad presidida por el nicoleño José Luis Lassalle) rechazó los proyectos de «Divorcio Administrativo» y «Sucesiones Notariales» contenidos en la Ley Ómnibus que el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el presidente Javier Milei envió al Congreso. Lo hicieron a través de sendos comunicados que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Nicolás replicó este jueves en sus redes sociales.
“El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires cuestiona la utilización del decreto de necesidad y urgencia en desmedro del tratamiento legislativo como herramienta para regular temas de tan variada índole que afectan intereses en forma permanente para los ciudadanos”, lanzó el Colegio profesional provincial presidido por el Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo.
Recordaron que “el principio basal de la división de poderes, en nuestro sistema de gobierno republicano representativo y federal, debe guiar las funciones de los mismos en el marco de nuestra Constitución Nacional y oficiar como límite inquebrantable a la posibilidad de cualquier tipo de avasallamiento de facultades propias de otro poder del Estado”.
Observaron además que la herramienta que la Carta Magna le otorga al Poder Ejecutivo mediante la utilización de los DNU “jamás debe perder su carácter restrictivo y respetar la imposición de autolimitación a fin de no forzar mediante la inobservancia de dicha regla una crisis del sistema democrático y un debilitamiento de las bases de la República”.
Y concluyeron: “Desde el advenimiento de la democracia y a través de los años, en menor o mayor medida, independientemente de cualquier posicionamiento político, todos los gobiernos han avanzado en el uso indebido de esta herramienta que lesiona el sistema y atenta contra cualquier diseño constitucional. En este orden de ideas y con la firme convicción de velar por el respeto a la Constitución Nacional, seguiremos exigiendo a las autoridades, defendiendo los derechos y garantías de nuestra sociedad toda y las incumbencias profesionales de los hombres y mujeres del derecho, ratificando que la abogacía es parte esencial del sistema de justicia y por lo tanto promotora de la paz social”.
La Federación
A su vez, la FACA expresó su “total rechazo” a los proyectos de «Divorcio Administrativo» y «Sucesiones Notariales» contenidos en la Ley Ómnibus que el Poder Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Diputados de la Nación.
“La pretendida desregulación atenta contra la seguridad jurídica y el interés de la ciudadanía, que no es otro que actuar en base a la certeza y legitimación de sus derechos reconocidos por los jueces y juezas, únicos investidos de facultades jurisdiccionales, so pretexto de abaratar costos lo que constituye una verdadera falacia. De igual modo advertimos que la sustracción de materia proyectada que es propia de la abogacía, significa una franca violación de normas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos”, advirtió la Federación que preside el abogado nicoleño Lassalle.
Y agregó: “Los profesionales del derecho fuimos y seguiremos siendo los únicos capacitados científicamente para dar respuesta a la sociedad tanto de manera preventiva como resolutiva a los conflictos en materia de derecho de familia y derecho sucesorio, no debiendo soslayar el inigualable aporte en dicha tarea como verdaderos garantes de la paz social. Por ese motivo, desde la abogacía organizada de todo el país instamos a los señores legisladores a desechar el proyecto de ley cuestionado, resguardando de tal modo el interés general”.
