La propuesta busca extender la definición de la legítima defensa, para que se considere no imputable a quien se defienda ante determinadas situaciones delictivas.
El Gobierno de Javier Milei presentó una reforma al artículo 34 del Código Penal, que regula la legítima defensa. La propuesta busca extender la definición de la legítima defensa, para que se considere no imputable a quien se defienda ante determinadas situaciones delictivas.
La reforma propone:
Ampliar la legítima defensa a los agentes de la fuerza pública. El código vigente establece que la fuerza pública puede hacer uso del arma de fuego cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo. La reforma propone que también se considere legítima defensa cuando los agentes actúen en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo.
Ampliar la legítima defensa a los ciudadanos en su hogar. El código vigente establece que los ciudadanos pueden defenderse cuando su vida o la integridad física estén en peligro. La reforma propone que también se considere legítima defensa cuando:
- Se encuentren señales que pudieran hacer presumir una agresión inminente.
- La diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual.
- Se esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena.
- La reforma también propone que quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida.
