En los últimos dos años la Justicia Penal nicoleña intervino en casos de gran trascendencia local y nacional. La causa Camioneros, el múltiple choque que costó la vida de dos personas, las millonarias estafas a cientos de ahorristas, los presuntos abusos en un jardín de infantes y la investigación por triple homicidio de la familia Grottini son algunos de los casos que deberán ser juzgados en 2024.
De la redacción de EL NORTE
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Durante los últimos dos años la Justicia Penal nicoleña transitó un camino marcado por casos muy resonantes que trascendieron ampliamente los límites de la ciudad. Aunque se encuadran en diferentes figuras delictivas, tienen en común su extrema gravedad. El cuádruple choque ocurrido en 2022 que costó la vida de Carmen Montes y de Miguel Arroyo en el que está imputado Jeremías Ramírez, las dos estafas varias veces millonarias perpetradas por dos grupos de financistas nicoleños, las denuncias por bloqueos y extorsiones contra líderes del sindicato de camioneros, la investigación por presuntos abusos en el Jardín de Infantes 908 en perjuicio de menores de corta edad y la acusación por el triple homicidio de la familia Grottini. Todos los casos mencionados transitaron su etapa de instrucción y seguramente integrarán, junto a otros tantos, la agenda 2024 de los estrados judiciales de San Nicolás.
La causa que involucra a los sindicalistas camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y a seis empleados de la empresa sampedrina Rey Distribución por bloqueos a la planta, coacción y extorsión que fueron denunciados en 2021 concluyó su instrucción, fue elevada a juicio y aunque la defensa apeló el recurso, éste fue declarado inadmisible. Rechazaron la opción de un juicio popular. Fue sorteado el tribunal y el azar dispuso que sea el magistrado Cristian Ramos, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, quien presida el debate que en principio se desarrollaría a comienzos del año entrante.
Tanto Espíndola como Cabaleyro se encuentran con beneficio de prisión domiciliaria monitoreados por pulseras electrónicas. En ambos casos el beneficio fue otorgado por razones de salud, luego de que permanecieran detenidos en la UP3 desde el 8 de abril del año pasado. En tanto, los seis exempleados de la empresa se mantuvieron vinculados al proceso pero en libertad. Los hechos denunciados configurarían, al menos “prima facie”, los delitos de turbación de la posesión y extorsión cuya pena rondaría entre los 5 y 25 años de prisión de efectivo cumplimiento.
Respecto del proceso que involucra a Jeremías Ramírez en la muerte de Carmen Montes y Miguel Arroyo, se espera que sea resuelto también en el primer tramo del año luego de la feria judicial. La audiencia preliminar del juicio que debía realizarse el 20 de octubre, como paso previo al debate, fue suspendida por una resolución de Casación ante la apelación de elevación a juicio planteada por la defensa. Ramírez está señalado como responsable del cuádruple choque ocurrido en febrero de 2022 en calle Terrasson y Av. Savio. Lo acusan de conducir a excesiva velocidad la camioneta Amarok que colisionó contra otros tres vehículos, produjo la muerte en el acto de Carmen Montes y lesionó a otras cinco personas, entre ellas Miguel Arroyo, de 39 años, quien falleció a causa de las heridas un mes después del accidente y que provocó el primer cambio de carátula por la de “doble homicidio culposo agravado”.
La pena en expectativa es de 3 años de mínima y podría alcanzar los 25 años de máxima debido a que el particular damnificado sostiene una acusación por dolo eventual. La condena que recaiga sería de cumplimiento efectivo si fuese superior a los tres años.
Ramírez permanece en libertad a disposición de la Justicia, se le impide conducir vehículos y la salida del país hasta tanto la causa sea resuelta.
Causas por estafas
Cuando la frondosa causa por estafas reiteradas contra la contadora Paula D´Adamo, Walter Gulías y Héctor Páez estaba punto de cerrar la etapa de instrucción e iba a ser pedida la elevación a juicio, sobre finales de septiembre de este año se sumaron nuevas denuncias y la parte acusadora debió trabajar sobre nuevos puntos de investigación. Las maniobras engañosas suman cifras varias veces millonarias. Los acusan por administración fraudulenta y estafas reiteradas en perjuicio de cientos de ahorristas. Los imputados se dedicaban al cambio de diversas monedas, se ofrecían inversiones en dólares y en pesos a tasas de muy alta rentabilidad. Los primeros incumplimientos datan de 2019 cuando ya no retornaban a los ahorristas los intereses ni los capitales. El año pasado se trabaron embargos por más de 600.000 dólares y 10 millones de pesos. Los tres imputados se encuentran con prisión domiciliaria otorgada en diferentes momentos por razones de salud luego de haber permanecido varios meses alojados en la UP3 en el caso de Gulías y de D´Adamo, y en una unidad de Lomas de Zamora en el caso de Páez.
En cuanto a la múltiple y cuantiosa defraudación que acumuló 84 denuncias en el mes de septiembre, la Justicia resolvió llevar a juicio a Marcela Moriconi, Mónica Goyarzú y Walter Landolfo por estafas reiteradas. En los últimos días se supo que las partes acordaron un procedimiento abreviado que deberá ser resuelto por el juez en los próximos días, por el que se comprometen a la reparación del daño y la devolución de dinero. Marcela Moriconi aceptó una pena de 6 años de prisión y Mónica Goyarzú una de 4, ambos de cumplimiento efectivo. En cuanto a Walter Landolfo, el pedido alcanza los 3 años. Estas diferentes escalas se estimaron teniendo en cuenta los diferentes grados de participación de cada uno. En todos los casos la acusación es por estafas reiteradas en concurso real. El delito se constituyó con la promesa de falsas inversiones. Hacían que las víctimas les entregaran el dinero a cambio de rentabilidades obtenidas en diferentes operaciones comerciales que eran inexistentes. Los imputados prometían el 10% mensual de ganancias en dólares por las sumas entregadas y supuestamente invertidas en cooperativas cerealeras que operaban en el puerto.
En los próximos días el juez Sebastián Zubiri dictará sentencia en función de este acuerdo de procedimiento abreviado. De los tres imputados, solo Mónica Goyarzú permanece en prisión.
Abusos en el jardín y causa Grottini
La instrucción por los presuntos abusos sexuales en perjuicio de menores de corta edad por parte del docente de música del Jardín de Infantes 908 se encuentra a la espera de los resultados de la última pericia practicada. La conclusión sobre la cuarta cámara Gesell determinaría el cierre del proceso, la elevación a juicio y un probable nuevo pedido de prisión preventiva. El docente enfrenta cuatro denuncias por delitos de índole sexual. Se estima que el proceso concluirá en debate antes de la finalización del próximo año.
La resolución de la gravísima acusación que pesa sobre Damián Grottini seguramente será conocida a comienzos del año judicial. La audiencia preliminar de juicio se realizó a fines de septiembre de este año, donde la parte acusadora solicitó una extensión del plazo por 90 días para recibir material probatorio proveniente de Google, por lo que el debate se desarrollaría en el primer trimestre del año. Los jueces Laura Fernández, Belén Ocariz y Cristian Ramos, pertenecientes al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, serán los encargados de juzgar a Damián Grottini por la muerte de su hermano Germán en 2019, de su hija adoptiva Luz Ailén, de 10 años, en 2021 y de su madre Teresita Di Martino en 2022.
