El Gobierno de Alberto Fernández presenta en la COP26 su plan para que los organismos de crédito alivianen los compromisos para países con proyectos ecológicos.
Argentina está encabezando una propuesta sin precedentes que será presentada en la edición número 26 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26): “canjear” deuda externa por acciones concretas a favor del medio ambiente, considerando los difíciles compromisos financieros que tienen los países en desarrollo, agravados en la pandemia. Es decir, lograr un alivio económico para cada Estado, a cambio de que estos realicen un beneficio para toda la humanidad, pautando ciertas metas ecológicas.
El presidente, Alberto Fernández, está queriendo instalar la iniciativa desde hace varias semanas. Ya planteó el tema en la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático a inicios de septiembre, y también impulsó el Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas, para sumar apoyos y unificar posiciones. La mayor apuesta de la administración peronista será en la ciudad de Glasgow (Escocia), donde se realizará la cumbre de la ONU, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre.
Aunque desarrollar esta idea conllevaría largos diálogos, en la previa surgieron buenas expectativas. De hecho, importantes organismos de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, podrían presentar planes de “canje de deuda verde” en la COP26, haciendo que la iniciativa de Buenos Aires no suene tan descabellada. “Tiene el potencial de contribuir al financiamiento climático y facilitar una acción acelerada en los países en desarrollo”, adelantó la titular del Fondo, Kristalina Georgieva. Entre tanto, Argentina, principal deudor del organismo, está tratando de renegociar los pagos pendientes, mientras afronta altos índices de pobreza en el escenario interno.
“A situaciones inéditas, soluciones inéditas”
Según el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, Miguel Ponce, “Argentina y los países del sur hacen un buen negocio cambiando deuda por medidas en esta dirección”. Al respecto, ejemplifica: “La condonación podría ser con una baja de intereses”. Esto se podría aplicar “calculando cuánta mejora significa que salga una ley de reducción del talado en zonas verdes, cuánto equivale que las condiciones para las mineras sean otras, que no hayan subsidios para la explotación petrolera, o que se faciliten avances y proyectos para la transición energética”. Es decir, una reducción de la deuda externa o un aumento en las facilidades de pago, “a cambio de objetivos que sean medibles”.
Sin embargo, remarca que para lograr un pacto conveniente “tiene que haber una discusión global, con los intereses del sur contemplados, y no solo acordado desde el G20”. Además, Ponce advierte que “en Argentina la situación no es homogénea”, por eso lo que diga el Gobierno ante la ONU podría tener repercusiones internas diversas. “Muchos entendemos que es necesario avanzar hacia una economía descarbonizada, con agendas verdes como temas centrales, pero hay gobernadores que son muy extractivistas”, subraya. También considera que se tendría que haber producido “una discusión pública mucho más grande”, y aunque apoya la propuesta, critica que “no tiene los niveles técnicos que debería tener”.
Con ese marco, la COP26 se va a desarrollar mientras el país latinoamericano afronta un contexto económico angustiante. En efecto, la administración peronista ya está negociando un acuerdo de facilidades extendidas para poder pagar la deuda de 45.000 millones de dólares más intereses, contraída con el FMI bajo el Gobierno de Mauricio Macri.
Sobre ello, Ponce comenta que esta clase de convenios suele tener una duración de diez años: “Dos que le quedan a Alberto Fernández, y dos mandatos que vengan después. Por eso implica tomar políticas de Estado, y el Fondo pide que el pacto que se haga tenga un acuerdo parlamentario”. Sin embargo, en el 2018 esa entidad no pidió grandes requisitos para otorgar el mayor préstamo de toda su historia. Cuando el macrismo pidió financiamiento, lo hizo sin la aprobación del Congreso, pese a ser una obligación constitucional.
En cuanto a la propuesta argentina, el entrevistado comenta: “Es entendible que a situaciones inéditas, como la que estamos viviendo, haya que buscarle soluciones inéditas. Muchas cosas en pandemia lo son, hasta el Fondo se maneja de modo inédito”. De hecho, señala que la nueva postura del organismo se debe al rol que están tomando muchos Estados, incluso los más liberales, “participando de forma activa en los mercados”. Sobre ello, destaca a EE.UU., principal accionista del FMI, que tiene un posicionamiento interventor de su economía, marcando esa “inclinación” en el organismo.
Con optimismo, el experto remarca “los beneficios conceptuales y financieros de ver a la contaminación como un mercado global”, más allá de las críticas que puedan surgir por una posible mercantilización del medio ambiente. Hace alusión a algunas situaciones puntuales, como la posibilidad de que el FMI lance “un fondo de compra de bonos verdes y que los dólares recaudados se usen para amortizar deudas”, mientras que los proyectos ecológicos los pagaría cada nación. Esto, sumado a la chance de que “la inversión de países en infraestructuras verdes no se compute como déficit fiscal”. Para concluir, Ponce enfatiza: “Es imprescindible que haya conciencia de que este es el camino del futuro. Es irreversible”.
Bonos de carbono
Para el economista Fabián Medina, la idea de canjear deuda por acción climática es totalmente innovadora: “En la historia económica mundial, nunca se usó como moneda de cambio, y ningún país jamás lo propuso”, detalla. A su criterio, la propuesta de Alberto Fernández “es viable”, aunque cree que ya existen mejores alternativas. “Yo iría por los MDL [Mecanismos para un Desarrollo Limpio]”, expresa. Se trata de unos bonos que se otorgan a los países que reduzcan sus emisiones de carbono, algo que jamás se tuvo en cuenta en Argentina. El entendido subraya que es un mecanismo mucho más rápido y simple para sumar dólares, directamente en las arcas del Banco Central.
“Vos te comprometés, ofrecés una reducción de emisiones, Naciones Unidas establece los niveles, hace una auditoría y en base a eso, por mencionar un ejemplo, te puede dar unos 10.000 millones de dólares”, explica. “Esos bonos se pueden canjear en el mercado internacional, y terminan siendo alrededor de 8.000 millones, el 80 %, que son recursos genuinos”, agrega. El especialista comenta que la ONU vuelve a hacer revisiones al cabo de unos años: “Si la reducción es mayor a la que ofrecías, te dan más bonos, y si es menor, tenés que devolver”. Según Medina, esto es dinero que ingresa “en no más de un año”.
De todos modos, el docente universitario señala que en el país latinoamericano no están muy extendidos los negocios verdes: “Las empresas de Brasil tienen unos 150 o 200 proyectos de desarrollo limpio. En Argentina, eso se traduce en unas 25 o 30. No está muy difundido el tema del mercado de los bonos de carbono”. Para acceder al rubro, se debe contar con una autorización pública, o incluso el propio Estado puede impulsar algún proyecto, pero eso “no es muy común”.