El lunes, en su sexta jornada, concluyó la fase probatoria del juicio por extorsión y turbación de la posesión contra el dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro. Este martes culminará el debate en el TOC N°2 con los alegatos finales de las partes y el pedido de pena de la acusación. La ronda de testigos cerró con el testimonio de dos peritos y del funcionario encargado de analizar las escuchas, audios y videos de la causa
De la redacción de EL NORTE
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El juez Alejandro López del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás, encargado del enjuiciamiento de Maximiliano Cabaleyro y de seis ex empleados de la firma denunciante Rey Distribución, puso punto final a la fase probatoria del debate.
El juicio por turbación de la posesión y extorsión respecto de estos siete imputados culmina este martes con los alegatos finales de las partes y el pedido de pena por parte de la acusación. (Fernando Espíndola, el otro dirigente gremial sobre quien pesa la misma acusación de Cabaleyro, no formó parte ya que optó por un procedimiento abreviado que está pendiente de homologación).
En la séptima jornada tanto la acusación como la defensa alegarán sobre las pruebas presentadas cada uno en procura de dar certeza a sus posiciones antagónicas.
Los últimos testimonios presentados fueron el de un perito contable que analizó liquidaciones realizadas a los empleados en conflicto y que señaló algunas discrepancias con la pericia oficial (entre ellas los periodos liquidados).
Luego declaró la perito psicóloga que entrevistó a los hermanos Gustavo y Ariel Rey unos meses después del conflicto y que elaboró el informe victimológico.
Por ultimo cerró la ronda de testimonios el funcionario de la SubDDI Baradero cuya tarea fue desgrabar el profuso material audiovisual ingresado a la causa que incluyó grabación de escuchas, de cámaras de monitoreo y filmaciones particulares, de los sucesos del 15 de febrero y de los días 22 al 26 del mismo mes de 2022 en que se desarrollaron los conflictos que enfrentaron al sindicato con la empresa. Entre sus dichos se refirió a una comunicación entre Cabaleyro y Espindola donde hablaban de “ejercer presión” sobre los proveedores de la firma para que no les entreguen mercadería. Con este último testimonio se cerró el debate.
Entre el público estuvo presente la diputada nacional por la provincia de Santa Fe Verónica Razzini fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos.
La causa
El caso se conoció en octubre de 2021 después de que se hiciera público un video de un empresario sampedrino llorando dentro de su galpón, mientras relataba los “aprietes” que tenía para poder trabajar. Esto hizo que el Movimiento Empresarial Antibloqueo intervenga e impulse la presentación judicial por bloquear a la empresa Rey Distribución.
La investigación quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani de San Pedro. Uno de los hechos por los que están imputados Cabaleyro y Espíndola ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando bloquearon la entrada y salida de vehículos de la firma ubicada en San Pedro, impidiendo el desarrollo de la actividad comercial. Según la acusación, una semana más tarde, antes de que amaneciera, Cabaleyro y Espíndola colocaron un colectivo motorhome del sindicato frente al portón de ingreso del estacionamiento. Ese bloqueo duró desde el 22 al 26 de febrero de 2022.
Gustavo Rey, dueño de la firma, explicó en ese momento que desde el gremio le exigían coimas para dejarlo trabajar y un monto fijo de dinero por mes. “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones nos pedían un poco más. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”. Había explicado el empresario. “Al desistir de ello comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, aseguró en ese momento.
Sostienen también que cuando Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro depósito, desde el cual hizo entregas de alimentos a comedores y escuelas mientras estaba bloqueada la empresa, se dirigió en una camioneta Wolkswagen Amarok con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito. El gremio alegó que la medida de fuerza se produjo porque la empresa había despedido a un delegado gremial con fueros sindicales y a otros empleados agremiados y además adeudaba dinero al sindicato por diferencias en el pago de aportes y cuotas sindicales.
Los ex empleados juzgados junto a Cabaleyro son Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez (sobre los que no pesa prisión preventiva) están procesados por bloquear los ingresos a la planta por un reclamo y en el caso de los dirigentes gremiales por Turbación de la Posesión y Extorsión que fueran denunciadas por los propietarios de la empresa. A mediados de marzo de 2025 finalmente la causa fue elevada a juicio por cinco hechos: turbación de la posesión por el bloqueo en concurso ideal con Coacción (dos hechos), Extorsión (tres hechos) y Extorsión en grado de tentativa (esta última quedo reducida a turbación de la posesión) todos ellos en concurso real. Delitos cuya pena mínima es de cinco años.
