Dos ex integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos ampliarán sus declaraciones indagatorias tras la feria judicial de invierno en el marco de una causa en la que están procesados como “cuentapropistas” del presunto espionaje ilegal.
Se trata de Emiliano Matta y Javier Bustos, quienes habían pedido sus sobreseimientos denunciando que solo habían obedecido órdenes de sus superiores jerárquicos en la central de inteligencia.
Las ampliaciones tendrán lugar los días 23 y 30 de agosto mediante el sistema de videoconferencia por plataforma electrónica Zoom.
Matta y Bustos solicitaron sus sobreseimientos por “haber sido víctimas de los hechos presuntamente criminales de extorsión, Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los Deberes de funcionario Público”, cuya autoría le atribuyeron “a las ´autoridades Ejecutivas´ con decisión en materia de inteligencia.
Además del ex presidente Mauricio Macri y todos sus ministros, figuran allí los jerárquicos de la AFI, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani Silvia, Diego Dalmau Pereyra, Diego Coste y Alan Ruiz, a quienes responsabilizan por “la diagramación y otorgamiento de las órdenes de trabajo orientadas a la realización de tareas de inteligencia” que debieron cumplir por su “carácter de Funcionarios Públicos”.
Además, “requirieron que se investigue al juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona por considerar que ‘participaron en el otorgamiento del marco legal a las órdenes de trabajo expedidas por las Autoridades Administrativas mencionadas en materia de inteligencia, como también de inicio y promoción de la instrucción de la presente causa”.
“El Juez interviniente originariamente en esta causa ha iniciado e instruido las presentes actuaciones sin facultades constitucionales para ello, derivando ello en nuestras ilegales detenciones, indagatorias y procesamiento, por hechos que nunca negamos su realización o su ilicitud, pero que fueron realizados bajo coerción de las autoridades ejecutivas”, añade la presentación.
El planteo fue rechazado por la fiscalía, pero pese a ello el juez Marcelo Martínez de Giorgi accedió a escuchar qué tienen para aportar de nuevo los imputados y dispuso la “ampliación de indagatoria”.
