Llamado “Los Valientes”, funcionaba como un lugar de rehabilitación de adicciones. Las personas rescatadas declararon que eran sometidas a castigos corporales y otros abusos.
Un total de 87 personas -77 mayores y 10 menores de edad- fueron rescatadas de un centro ilegal de rehabilitación de adicciones en la localidad bonaerense de La Reja por el personal antitrata de la Policía Federal Argentina (PFA), que detuvo a tres hombres como sospechosos de mantener privados de su libertad a las víctimas, a quienes aplicaban castigos corporales, torturas y ataduras, informó esa fuerza.
Las detenciones se produjeron en el marco del allanamiento realizado en la tarde del pasado sábado en el centro de adicciones “Los Valientes” del partido bonaerense de Moreno bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial de Moreno a cargo de Gabriel López.
La investigación
Según explicó a Télam el jefe del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA), Gustavo Gauna, la investigación se inició con una denuncia realizada por inspectores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a partir de una serie de irregularidades detectadas durante una inspección reciente.
Según el comunicado emitido por la fuerza, el panorama descrito en la denuncia era “dantesco” porque, además de la falta de habilitación, se advirtió que “los internos estaban en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, encierro y privación de la libertad, toda vez que los tenían encerrados bajo llave y puertas enrejadas”.
“Con gran estupor se halló un joven menor de edad atado en el interior de un gallinero. Ante este escenario escalofriante, efectuaron un informe para la Fiscalía interventora”, explicaron. Pero, además, los patios de recreación estaban infestados de “aguas servidas”, los baños “tapados” y las paredes “cubiertas de humedad”.
“Solo tres profesionales” asistían a la población de internos, “no habiendo médico o un psicólogo para realizar seguimiento de los tratamientos”, prosigue el comunicado. “Tras haber recepcionando la denuncia por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Airess, la UFI N°8 de Moreno nos dio intervención al Departamento de Trata de Personas -del cual soy titular-, dentro de este rol investigativo que tiene la PFA”, dijo Gauna.
Ante esta situación se coordinó un trabajo de investigación con la colaboración del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que desembocó en el allanamiento que se hizo el sábado, precisó.
Tras una semana de investigación y “ante la prioridad” que representan presuntas víctimas en estado de “riesgo” y “vulnerabilidad” por su problemática de salud sumado al aislamiento, “la Justicia decidió otorgar un allanamiento que se libró el sábado por la tarde y se efectuó siguiendo el protocolo que utiliza el Departamento de Trata de Personas”, explicó Gauna.
Los testimonios
Durante el operativo, las profesionales del Programa Nacional que ingresaron junto con el personal de PFA entrevistaron en forma separada a todos los menores de edad y, en forma aleatoria, a los mayores, quienes manifestaron el deseo de retirarse del lugar para no tener que soportar más torturas físicas y psicológicas.
En varias de las entrevistas, las personas internadas indicaron que eran sometidos a castigos corporales -como golpes, cortes y ataduras-, hambre, sed y hasta torturas dado que algunos refirieron que “eran atados y sumergidos en una pileta de agua a modo de castigo correctivo”.
Atento a esta situación, el fiscal ordenó al personal del Departamento de Trata el traslado de varias víctimas hasta la sede judicial, donde ayer por la madrugada se les recibió una amplia y pormenorizada declaración testimonial.
Los jóvenes con consumo problemático indicaron que los familiares solo podían verlos cada 21 días, y que en todo ese momento debían estar acompañados por alguno de los coordinadores del lugar, para de esta forma controlar sus conversaciones y dichos.
Tras la inspección del lugar, los detectives procedieron a incautar varios teléfonos celulares de los responsables del centro, una computadora y varias historias clínicas, elementos que serán peritados en busca de información para la causa.
“Gracias a las diligencias realizadas, los menores fueron restituidos a sus familiares, y los mayores se retiraron del lugar, en compañía de sus seres queridos. Quedando clausurado ese centro del terror”, dijeron.
En tanto, los detenidos están acusados preliminarmente de los delitos de “asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, amenazas y lesiones” -explicó Gauna- y por ahora “no están imputados del delito de trata”, aunque “la investigación en curso y podría recaratularse” con el paso de las horas dado que “cuando se realizan las primeras actuaciones, había una sospecha” en ese sentido y por eso “el fiscal no dudó en darle intervención a este Departamento”.
“La investigación está basada primero en la situación de privación de libertad y autonomía propia que estaban sufriendo las personas que estaban en el lugar, realizando un posible tratamiento a su adicción a las drogas”, dijo Gauna.
Las pesquisas permitieron “determinar que una organización regenteaba el lugar”, cuyos integrantes habrían obligado también a los internados a realizar “trabajos forzados en el lugar, de mantenimiento”.
“Los familiares de las víctimas pagaban una mensualidad para que estén en el lugar y tengan un tratamiento óptimo, pero hasta el momento no estaban dadas las condiciones como para que estén personas que padezcan este tipo de problemas”, dijo.
Línea 145 – Para denunciar delitos de trata y explotación
Línea nacional, anónima y gratuita para orientación, solicitar asistencia y/o denunciar la desaparición de una persona.
Funciona las 24 horas, los 365 días del año.
Consultas por WhatsApp al +5491165460580