La Colectiva de Abogadas Translesbofeministas –que tiene en sus filas a la doctora nicoleña Vanesa Vargas como coordinadora del Área de Litigio Penal– denuncia sobre la situación procesal de una mujer en Cañada de Gómez que, pese a la promulgación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, está siendo juzgada como criminal por tal acción. “Es un claro escenario de abuso de poder punitivo que pone en riesgo derechos conquistados por la historia de los movimientos sociales feministas”, señalan las letradas.
Carolina Mitriani
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La fiscal Dra. Gabriela Lescano, de Cañada de Gómez, es señalada por las agrupaciones feministas y particularmente denunciada por “La Colectiva de Abogadas Translesbofeministas”, quienes plantean que la magistrada obra mal en la causa que implica a «DT», una mujer de 36 años de edad que se practicó un aborto con pastillas. “Decidió imputarla del delito de homicidio calificado y justificó el pedido de prisión preventiva diciendo que la pena máxima del mismo es la prisión perpetua. Tal como lo contamos, por más extraño que parezca, en noviembre de 2022 una fiscal quiere pedirle prisión perpetua a una mujer por haber abortado”, comunicaron desde la Asociación Civil, conformada en su cúpula por una nicoleña, la Dra. Vanesa Vargas, coordinadora del Área de Litigio Penal que asiste en el caso de manera colaborativa.
Las abogadas explican que la detención es arbitraria y complica aún más el estado de la mujer: «‘DT’ se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad económica y social, con un consumo problemático de estupefacientes y transitando un puerperio, todo esto mientras está privada de su libertad por la decisión que tomó el juez penal Álvaro Campos luego del pedido de la fiscal. Campos fue fiscal de la Oficina Tematizada en Género del MPA, previo a su designación como juez. Sin embargo, pareciera que en esta oportunidad decidió no aplicar perspectiva de género o tiene una interpretación muy particular de la misma».
Lectura superficial
Desde La Colectiva hicieron una presentación denunciando el caso ante el Ministerio Público de la Acusación, donde solicitan a la fiscal regional María Eugenia Iribarren “la adopción de medidas correctivas y sancionatorias que estime pertinentes, como así también que se lleven a cabo capacitaciones efectivas en materia de género con un enfoque interseccional, herramienta que entendemos no existe hoy en muchos y muchas agentes fiscales”.
“Por el obrar del sistema de Justicia Penal, hay una mujer, pobre, con un consumo problemático, puérpera y presa”.
Colectiva de Abogadas Translesbofeministas
Ante esto, consideran que lo ejecutado por la Justicia “es un claro escenario de abuso de poder punitivo que pone en riesgo derechos conquistados por la historia de los movimientos sociales feministas”.
Como organización de Derechos Humanos expresan que en su vínculo con la comunidad “son innumerables los reclamos que recibimos de distintas personas, en diferentes partes de la circunscripción en los que se representa un accionar de vulneración de derechos humanos y falto del respeto a la Constitución Nacional y Pactos internaciones por partes de Agentes del MPA, máxime cuando se trata de perspectiva de géneros”; por tal motivo, entienden es un deber “llevar a cabo una acción como la presente que permita poner en su conocimiento tales circunstancias y modificarlas, con la expectativa de que en algún momento dejen de realizarse”.
Derechos
La mujer transitaba un embarazo múltiple. “Nunca se había realizado controles médicos de este embarazo, por lo que no tenía forma de saber que el embarazo era múltiple ni la semana que estaba atravesando. Su deseo era abortar, no parir, no maternar. Desconocemos en qué condiciones se produjo el embarazo. Nosotras lo desconocemos, y la fiscal también”, aseveraron desde La Colectiva.
Lo que plantean como central es el contexto en el que «DT» se realizó un aborto. Respecto a la existencia de la ley de IVE y la construcción del relato por sobre la realidad de que alguien puede no tener acceso al conocimiento de la ampliación de la legislación, las abogadas remarcan que “aunque haya algunos derechos elementales garantizados, en este caso como lo es el acceso al aborto libre por una conquista de los feminismos y las transmasculinidades, cierto también es que en el plano de la realidad no depende de los derechos reconocidos en lo formal, sino de las oportunidades reales que tienen las personas”.
Las declaraciones que la fiscal encargada de diligenciar la causa esgrimió al medio “Pregón de San Lorenzo” dan cuenta de una falta de arraigo a los significantes integrales que llevan a la necesidad de una IVE y el conocimiento de tal legislación: “La gestante tuvo oportunidad de hacerse el aborto antes de la semana 14, y si no, excepcionalmente pasando la semana 14 si es fruto de una violación o corre riesgo su vida, si es menor de edad, todo ello con asistencia médica. Estamos hablando de una mujer de 36 años, sí está en estado vulnerable, pero no es un caso de violencia de género”.
A partir de ello, las abogadas invitan a plantear interrogantes que, de ser promulgados por la fiscal denunciada, cambiarían el rumbo de la situación de «DT»: “¿Qué sabe la fiscal si no intentó abortar antes de la semana 14? ¿Qué sabe la fiscal si a la semana 14 la gestante tenía conocimiento de encontrarse embarazada? ¿Qué sabe la fiscal cómo se sucedieron los hechos del embarazo? ¿Acaso realizó algún informe pormenorizado de contexto social, de posibles violencias por razones de género, de posibles violencias estatales de la gestante?”.