La Cámara Federal de Casación ordenó volver a investigar la responsabilidad de dos exdirectivos en el operativo de marzo de 1975 que dejó un centenar de víctimas. Entonces el presidente de la firma era José Martínez de Hoz, quien más tarde sería el ministro de Economía de la dictadura. Como parte de la represión en Villa Constitución, 21 personas fueron asesinadas, nueve desaparecidas y 66 fueron secuestradas, según informó la SDHN.
De la redacción de EL NORTE
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La represión tocó el cordón del Paraná un año antes del golpe de Estado. Las fuerzas armadas y de seguridad coparon el 20 de marzo de 1975 Villa Constitución, donde tenía sede Acindar –la empresa siderúrgica cuyo directorio presidía José Martínez de Hoz, que después sería el ministro de Economía de la dictadura– y donde el sindicalismo combativo venía creciendo desde 1973. Las víctimas superaron el centenar. Durante 45 años, la impunidad de los directivos de Acindar pareció de acero. En 2020, un juez de Rosario procesó a dos de ellos, pero, al tiempo, la Cámara Federal de esa ciudad desvinculó a uno y alivió la situación del otro. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal acaba de revocar esa decisión y volvió a poner a los dos exdirectivos –Roberto José Pellegrini y Ricardo Torralvo– en carrera para ser juzgados en un caso emblemático de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad en la Argentina.
A Juan Actis lo detuvieron el 20 de marzo de 1975. Estaba en casa de su hermana porque estaba enfermo. Los únicos que sabían dónde se estaba quedando eran los jefes de la empresa porque él les había informado. Concretamente se lo había hecho saber al área de Personal, que estaba en manos de Pellegrini. De allí debe haber salido el dato que derivó en su secuestro.
Responsabilidades
A Pellegrini lo procesó el juez Marcelo Bailaque en marzo de 2020, cuando se cumplían los 45 años de la represión en Villa Constitución. En julio del año pasado, la Cámara Federal de Rosario confirmó su responsabilidad en los secuestros, pero lo desresponsabilizó por ocho asesinatos de personas que trabajaban en Acindar o estaban vinculadas a la actividad de la empresa que se fundó en 1942. Pellegrini no fue el único favorecido por los camaristas rosarinos. A Torralvo aún le fue mejor porque le dictaron una falta de mérito.
Torralvo era otro de los directivos de Acindar. Algunos testimonios lo ubican como jefe de Contaduría y otros lo mencionan como integrante del área de Personal. Esa indeterminación le jugó a favor cuando la Cámara de Rosario evaluó su situación. Hay un dato adicional que lo terminó beneficiando: la Justicia no tiene su legajo porque se quemó en el incendio de Iron Mountain.
Análisis del contexto
Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no validó el criterio del tribunal de apelaciones de Rosario y dijo que había mirado las pruebas de manera descontextualizada como sostuvieron las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. En esa línea, Casación revocó las faltas de mérito con las que habían beneficiado a Pellegrini –en el caso de los homicidios– y de Torralvo y ordenó que se vuelva a dictar un nuevo fallo.
“En las causas en que se juzgan delitos de lesa humanidad no puede prescindirse del análisis del contexto en el que se desarrollaron los hechos ni del carácter clandestino de las operaciones”, escribió el camarista Mariano Borinsky que lideró el acuerdo de la Sala IV. Su colega Gustavo Hornos exhortó a que se dicte un nuevo fallo y que se lo haga con celeridad por tratarse de hechos sucedidos hace ya casi cinco décadas. Javier Carbajo adhirió a lo que dijeron sus dos compañeros de la Sala.
“Es una resolución muy importante en cuanto permite responsabilizar a los partícipes civiles por los delitos más graves”, evaluó Adolfo Villatte, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, en comunicación con este diario.
“Es una decisión particularmente relevante en un contexto judicial actual de grandes obstáculos para el tema de responsabilidad empresarial”, le dijo a Página/12 Victoria Basualdo, coordinadora de la Unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica en la SDHN e investigadora del Conicet y del Área de Economía y Tecnología de Flacso.
