La crisis de superpoblación en cárceles y comisarías, de las cuales algunas están clausuradas judicialmente para funcionar como lugares de encierro, provoca hacinamiento e impide la reinserción a la sociedad de los privados de la libertad. La Justicia ordenó que se tomen medidas al respecto, pero no hay respuestas. Una gran cantidad de los detenidos no tienen sentencia y hay demoras en los juzgados.
Germán Rodríguez
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Hacinamiento, enfermedades, peleas, todo un combo que convierte prácticamente en una quimera la reinserción en sociedad de los privados de la libertad en las unidades penales. Las defensorías generales de la provincia presentaron numerosas denuncias al respecto y en el fallo conocido como “Verbitsky 2” la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció “la grave situación de sobrepoblación” en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires y ordenó al Poder Judicial de ese distrito a que tome medidas para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad.
Además, la Corte definió que “la detención en establecimientos policiales no resulta adecuada y que no corresponde rehabilitar aquellos que fueron clausurados”, y establece que, a pesar de que ya en 2005 con el fallo “Verbitsky” había dado pautas para hacer cesar esas violaciones, hasta el momento la Provincia de Buenos Aires no dio cuenta de su implementación.
De esta forma, los magistrados se remiten a la sentencia emitida a raíz de una presentación formulada por el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, sobre el estado de las cárceles en la Provincia.
De mal en peor
En San Nicolás, a pesar de esta resolución de la Corte Suprema, aún no hay respuestas de la Justicia y la problemática de dónde alojar a los detenidos no tiene solución. Por ejemplo, el fallo indica claramente que las comisarías que sufrieron clausuras para alojar personas no pueden hacerlo, y a pesar de eso, en nuestra ciudad tanto la Comisaría Segunda como la Comisaría Tercera, que tienen clausuras judiciales, están alojando un promedio de cien personas por mes.
Apurar sentencias
Entre otras medidas concretas, se había había ordenado al máximo tribunal y jueces provinciales que “hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detención misma, según corresponda”.
A partir de 2012, “la cantidad de personas alojadas en comisarías aumentó un 426%, y alcanzó un pico de 5661 en noviembre de 2020”, recordaron desde el CELS, y señalaron que ese nivel “se mantiene” en estándares “intolerables”.
Ahí en ese aspecto se nota una preocupante demora en la Justicia para la resolución de los casos de detenidos con prisiones preventivas, es decir, sin sentencia, que ocupan lugar y en varias ocasiones, cuando se resuelve su caso, salen en libertad por ser inocentes, habiendo estado detenidos innecesariamente y cometiéndose una injusticia irreparable. En esta situación entre aquellos hechos llevados adelante por la Defensoría General y abogados particulares el número se encuentra en un promedio del 30% en San Nicolás.
Superpoblación
La Unidad Penal de San Nicolás, según los datos de la última visita institucional llevada adelante por el área de Ejecución Penal de la Defensoría General Departamental, arrojó que al momento hay 934 privados de la libertad, de los cuales 460 son de otros departamentos judiciales. Asimismo relevaron que las condiciones de insalubridad que se encuentran los alojados siguen siendo las mismas que se denunciaron a la Corte Suprema.
Hace ya ocho años que ante el agravamiento de la situación, los defensores generales de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo a los de nuestra ciudad, presentaron un habeas corpus solicitando que la Suprema Corte provincial tomara una serie de medidas dentro del marco de la ejecución del fallo Verbitsky”.
Sin embargo, el máximo tribunal provincial resolvió cerrar el habeas corpus colectivo por considerarlo cumplido y remitió la presentación a primera instancia para que se tratara como una nueva acción.
Frente a esa decisión, los defensores solicitaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consideraron en el año 2021 que las medidas ordenadas en 2005 en el habeas corpus colectivo Verbitsky “se encuentran vigentes e incumplidas”
La máxima instancia judicial del país estableció explícitamente que por estas razones “el caso no está cerrado”, y que la situación de las personas privadas de su libertad “debe ser abordada por la Suprema Corte provincial sin que puedan alegar que se trata de cuestiones políticas en las cuales el sistema de Justicia provincial no tiene ninguna responsabilidad”.
El tribunal reconoció la situación crítica del sistema de encierro provincial y dijo que debe ser remediado. Aunque la sentencia abre distintos procesos de trabajo, no dispone medidas urgentes que puedan modificar una tendencia que solo registra aumentos en la población carcelaria. Esto es resultado del uso abusivo de la prisión preventiva y las restricciones para acceder a las libertades.
El uso abusivo de la prisión preventiva y las modificaciones legislativas para restringir libertades, entre otros factores, generaron en los últimos 10 años una sobrepoblación sin precedentes en el Sistema Penitenciario Bonaerense, lo que a su vez derivó en otro problema de extrema gravedad: el uso de las dependencias policiales como lugares de encierro permanente. Esta situación actual es caracterizada por la Corte como un “estado de cosas inconstitucional” que debe ser remediado.
Números preocupantes
En los últimos diez años la población alojada en el Servicio Penitenciario Bonaerense creció un 44%. Actualmente superan las 50.000 personas, en un sistema que tiene capacidad para alojar a algo más de 25.000. Es decir, la ocupación se encuentra por encima del 200%. En las comisarías provinciales hay más de 4400 personas alojadas, lo que representa un crecimiento del 397% en el mismo lapso de 10 años. En muchas dependencias policiales, la situación de hacinamiento y falta de condiciones mínimas implica una grave violación a los derechos humanos.
Historia del fallo
El 14 de mayo de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había resuelto que las medidas ordenadas en su sentencia de 2005 en el marco del habeas corpus colectivo Verbitsky se encuentran vigentes e incumplidas y estableció explícitamente que, por estas razones, el caso no está cerrado. Luego de la reapertura formal a nivel provincial, se abrió una instancia de trabajo en la causa judicial con participación de múltiples actores, que se extendió de julio a diciembre de 2021. El 3 de mayo del 2022 la Suprema Corte dictó esta primera sentencia donde se posicionó sobre la situación estructural de violaciones de derechos humanos existente en el sistema de encierro provincial y reconoció tanto el grave escenario, como sus causas.