La Cámara resolverá en los próximos días apelaciones diversas. Están pendientes de dictamen los recursos de los defensores respecto de la prisión preventiva y de la recusación a la fiscal. Y también la efectuada por la Fiscalía respecto de la morigeración de la medida coercitiva devenida en arresto domiciliario de los acusados.
De la redacción de EL NORTE
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Tanto desde la defensa como desde el Ministerio Fiscal confirmaron a este medio que en los próximos días, posiblemente durante la semana en curso o en los primeros días de la entrante, la Cámara resolverá las tres apelaciones pendientes. Dos de ellas fueron interpuestas por los abogados defensores de Maximiliano Cabaleyro y de Fernando Espíndola para que se revea la decisión que impone la prisión preventiva de los acusados y también el rechazo a la recusación contra la fiscal María del Valle Viviani. Entretanto, la Fiscalía había apelado la decisión del juez de Garantías de otorgar el arresto domiciliario a los imputados.
El juez subrogante Román Parodi había decidido hacer lugar a la solicitud de la fiscal de prisión preventiva, pero morigerándola por la prisión domiciliaria que de manera subsidiaria habían propuesto los defensores. En una extensa resolución Parodi ordenó que les pongan tobilleras electrónicas a los detenidos porque “no hay peligrosidad procesal” como para mandarlos a la cárcel. Parodi reemplaza a la jueza María Eugenia Maiztegui luego de que ésta pidiera licencia por estrés tras las presiones que habrían efectuado desde el sindicato que lidera Moyano y del presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, Leopoldo Moreau. Éste había pedido copia de la causa, a pesar de que no estaba facultado para hacerlo y ser un caso que no tiene vínculos con el espionaje ilegal. El pedido desató un escándalo y críticas contra Moreau, quien denunció “un complot” en su contra de parte de jueces, fiscales, dirigentes de la oposición y periodistas por las críticas recibidas por ese polémico pedido (Moreau habló de una campaña mediática en su contra).
Prisión preventiva
En la audiencia respectiva el abogado de los imputados, Mauricio Gugger, había pedido la libertad, medida que le fue denegada, y subsidiariamente el arresto domiciliario, beneficio que le fue otorgado. Había argumentado “arraigo, contención familiar y domicilio conocido” y “el estado de los establecimientos carcelarios”, donde al no gozar Espíndola y Cabaleyro de “plena salud” se ven en situación de vulnerabilidad.
Cabaleyro habría dicho en la audiencia que es un adicto en recuperación y que hace cuatro años y nueve meses que no consume marihuana y cocaína, drogas de las que sostiene que había tenido dependencia. Señaló que en la DDI las condiciones de detención eran precarias, que comparte celda con otras nueve personas y que comía cuando su familia le llevaba alimentos.
Por su parte, Espíndola había señalado que tiene asma, úlcera de duodeno y gastritis crónica, que en la DDI no cuentan con agua caliente, por lo que se tenía que bañar “por partes con un tacho”.
Los sindicalistas de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, deberán permanecer detenidos mientras se sustancia el proceso que los llevará a juicio, pero por cuestiones de salud, ambos recibieron el beneficio de arresto domiciliario con pulsera electrónica, por lo que podrían cumplir la medida de detención en sus viviendas de San Nicolás y San Pedro, respectivamente, bajo el control del Patronato de Liberados. Beneficio que se haría efectivo una vez que se resuelva el recurso de apelación que contra esa medida interpuso la fiscal María del Valle Viviani. El juez dispuso para ambos, además, la prohibición de contacto por cualquier medio con los integrantes de la familia Rey que son los denunciantes en la causa por la que están detenidos, sus familiares, la firma comercial o cualquier integrante de la empresa, testigo vinculado y asimismo abstenerse de “realizar actos de perturbación y/o intimidación” en relación con Rey Distribución SRL.
La imputación
Los dos dirigentes de Camioneros, el concejal por el Frente de Todos Maximiliano Cabaleyro y el exconcejal Fernando Espíndola, están acusados de bloquear la empresa Rey Distribución en San Pedro.
El juez los imputó por seis hechos delictivos contra Gustavo Rey. Recordó que los gremialistas se presentaron en la distribuidora y que “de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial, ya que los camiones de la empresa no podían ingresar ni egresar”.
En esos actos que duraron varios días bloquearon “la posesión del inmueble a sus dueños, como forma de presión, para lograr que se acepten los reclamos laborales de las personas afiliadas al sindicato con el fin de obligarlos a hacer una entrega de dinero”, agregó el magistrado.
Los actos intimidatorios se ejercieron a través de “amenazas verbales, en forma telefónica y de manera personal, debiendo las víctimas efectuar dichos pagos”. Para el juez, en principio, esos hechos relatados podrían configurar los delitos de turbación de la posesión (dos hechos), coacción en grado de tentativa (dos hechos) y extorsión (dos hechos).