La ley de ludopatía, al borde de caducar en el Senado
NewsITe
La ley de prevención de la ludopatía que busca ponerle límites a la expansión de las apuestas online en Argentina atraviesa horas decisivas en el Senado. Tras dos años de resistencia política y empresarial, el proyecto corre riesgo de perder estado parlamentario el próximo 30 de noviembre si la Cámara alta no lo incluye en el temario y lo vota antes de esa fecha.
La iniciativa, identificada como proyecto CD-26/24, obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024, pero quedó frenada en las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Esas mesas de trabajo son presididas por los senadores libertarios Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita, quienes hasta el momento no convocaron a reuniones de dictamen, una condición necesaria para que el texto llegue al recinto.
La Libertad Avanza votó en contra del proyecto en Diputados y replicó su rechazo en el Senado, donde consiguió el acompañamiento de sectores del PRO, de la UCR e incluso de espacios del peronismo. El argumento oficialista es que la norma resulta “excesivamente restrictiva” porque, sostienen, afecta libertades comerciales, la publicidad privada y competencias que hoy están en manos de las provincias.
Desde la oposición y organizaciones sociales apuntan, en cambio, a la fuerte presión de las principales casas de apuestas para trabar la discusión. Entre las firmas señaladas aparecen nombres que dominan el mercado del juego online en el país: Betano, Betsson, Codere, BetWarrior, Bplay, Stake, Sportsbet y bet365, entre otras, que basan buena parte de su negocio en la publicidad masiva y las campañas agresivas de captación de nuevos jugadores.
Un negocio millonario y la disputa por la publicidad
El trasfondo económico ayuda a explicar la dureza de la pelea legislativa. De acuerdo con estimaciones elaboradas en base a datos de la AFIP, el juego online mueve en Argentina al menos 2.500 millones de dólares anuales, mientras que estudios privados calculan que el volumen del sector rondará los 1.800 millones de dólares este año. Solo en la provincia de Buenos Aires, los siete principales casinos online habrían registrado ganancias mensuales por 1.656 millones de dólares, según un relevamiento del legislador Facundo Tinganelli.
La ley que está en discusión apunta de lleno a los pilares centrales del modelo de negocios de estas plataformas. Propone prohibir la publicidad de casas de apuestas en medios de comunicación, el patrocinio deportivo y los bonos de bienvenida, herramientas clave para conquistar apostadores jóvenes a través de la televisión, las redes sociales y el marketing con influencers.
- Prohibición de publicidad de casas de apuestas en medios y redes.
- Eliminación de bonos de bienvenida y promociones agresivas.
- Restricciones al patrocinio de clubes, ligas y eventos deportivos.
El fútbol aparece como uno de los sectores más expuestos por el eventual cambio normativo. Betsson firmó con Boca Juniors un contrato por 7,5 millones de dólares anuales hasta 2028; Betano fue naming sponsor de la Liga Profesional y también patrocina a River Plate; y BetWarrior llegó a ser sponsor oficial de la Selección Argentina. La eventual aprobación de la ley obligaría a revisar buena parte de esos acuerdos comerciales.
El rol del Estado, la política y las organizaciones sociales
Lejos de ser un actor ajeno, el Estado también participa del negocio. El impuesto indirecto a las apuestas online aportó 106.601 millones de pesos durante los primeros ocho meses del año, con un pico en julio, en pleno efecto mundialista, cuando se recaudaron 17.798 millones de pesos, un 35,5% más que en 2025. Esa dependencia creciente de la recaudación explica parte de las reticencias a avanzar con regulaciones más duras.
“Los Estados suelen ser beneficiarios del negocio y el producido también financia a sectores de la política”, resumió el diario La Nación en un editorial que analizó el avance del juego online y la falta de controles.
Las centrales obreras también se involucraron en el debate. Las dos CTA advirtieron que cada día que el Senado demora el tratamiento de la ley “convalida las ganancias millonarias de unos pocos grupos concentrados a costa del sufrimiento de millones de hogares”, en referencia al impacto social de la ludopatía y el sobreendeudamiento de miles de familias.
Desde la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal envió delegados a recorrer despachos de senadores para reclamar que se priorice una legislación de protección frente a la ludopatía, en especial entre adolescentes y jóvenes. Al mismo tiempo, el sector del bullrichismo analiza presentar un proyecto propio, más acotado, que podría funcionar como vía intermedia si la iniciativa con media sanción se cae.
En este escenario, las próximas semanas serán clave: sin tiempo ni votos asegurados, el Senado deberá definir si habilita el debate o deja que la ley de prevención de la ludopatía se archive, manteniendo intacto uno de los negocios más rentables —y más discutidos— de la Argentina contemporánea.
