La Fiscalía paraguaya complica aún más la situación del exmandatario
NewsITe
La crisis institucional en Paraguay sumó un nuevo capítulo con la ampliación de la imputación contra el expresidente Santiago Peña en el marco de la causa Ueno Bank. El Ministerio Público incluyó ahora la figura de asociación criminal, que se agrega a los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Peña permanece con prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial mientras avanza la investigación.
Según informaron medios paraguayos como ABC y Última Hora, la acusación por asociación criminal también alcanza al ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos, Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola. Ambos ya eran investigados por su rol en el manejo del sistema financiero y su presunto alineamiento con los intereses del Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank.
Carvallo se encuentra procesado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. Insfrán Ibarrola, por su parte, enfrenta cargos por presunta lesión de confianza grave. A ellos se suman ahora otros exdirectivos del BCP: Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron detenidos en las últimas horas y también quedaron imputados.
En el escrito presentado por la Fiscalía se sostiene que los acusados habrían conformado una estructura organizada y jerárquica dentro del propio Estado, con el objetivo de subordinar el sistema financiero y los organismos de control a los intereses particulares del Grupo Vázquez/Ueno Bank. De comprobarse, el esquema habría permitido otorgar un blindaje legal y operativo a la entidad, aun frente a señales de posible insolvencia.
Peña, señalado como jefe de la presunta red
Los fiscales señalan a Santiago Peña como el supuesto “jefe de la estructura”, con capacidad para designar y sostener en puestos clave a funcionarios de su confianza o con lazos previos con Ueno. El documento menciona que Carvallo, ex presidente de la financiera Ueno, fue colocado al frente del BCP, mientras que Holger Insfrán asumió la Superintendencia de Bancos. En el Directorio del organismo regulador se ubicaron Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González.
La investigación apunta a que cada integrante habría utilizado su cargo público para garantizar la continuidad de maniobras irregulares y para evitar intervenciones sobre Ueno Bank. Incluso, la Fiscalía consigna supuestas reuniones clandestinas en Mburuvicha Róga, la residencia presidencial paraguaya, entre Peña y Miguel Vázquez, presidente de la entidad bancaria, donde se habrían coordinado las necesidades del grupo empresario.
El escrito también sostiene que desde la cúpula del Poder Ejecutivo se habrían impartido directivas para desaconsejar la intervención estatal en el banco y para desactivar, mediante acciones políticas y comunicacionales, las alertas sobre la delicada situación financiera de la entidad. De cara a los próximos meses, se esperan nuevas medidas de prueba y eventuales ampliaciones de la acusación, en una causa que ya sacude al sistema político y financiero paraguayo y mantiene la atención de la región.
La Fiscalía describe una estructura “organizada y jerárquica” que habría operado desde el propio aparato estatal para favorecer al Grupo Vázquez/Ueno Bank.
Mientras avanza el proceso judicial, el caso se consolida como uno de los mayores escándalos institucionales recientes en Paraguay, con impacto directo sobre la confianza en el sistema financiero y en los organismos de control.
