Marco Aurelio González se presentó ante la Policía después de que las autoridades allanaran su vivienda y no lograran encontrarlo. La Fiscalía investiga si conocía desde 2025 la situación de insolvencia del banco y omitió adoptar medidas para evitar el colapso de la entidad financiera.
El exdirector del Banco Central del Paraguay (BCP) y exprocurador general de la República, Marco Aurelio González, se entregó este viernes 13 de noviembre ante la Policía Nacional, en el marco de la investigación judicial por el colapso de Ueno Bank. El exfuncionario había sido declarado prófugo horas antes, luego de que los investigadores allanaran su domicilio y no lograran localizarlo.
González se presentó voluntariamente, acompañado por su abogado Arturo Daniel, en una dependencia de la Dirección Contra el Crimen Organizado de Asunción. Allí quedó detenido y posteriormente fue trasladado ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde prestó declaración indagatoria.
El procedimiento forma parte de una investigación que busca determinar las responsabilidades de antiguos funcionarios del Banco Central paraguayo en las irregularidades financieras que provocaron la intervención de Ueno Bank a comienzos de noviembre.
El allanamiento que terminó con una entrega voluntaria
Durante la madrugada del viernes, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional realizaron un operativo en la vivienda de González, ubicada en la ciudad de Luque. Sin embargo, el exdirectivo no se encontraba en el inmueble y las autoridades emitieron una orden de captura.
Horas después, el exfuncionario decidió presentarse ante la Policía. Su defensa argumentó que atravesaba un problema de salud y que su entrega tenía como objetivo despejar las sospechas sobre una posible intención de escapar de la Justicia.
En el mismo operativo fueron detenidos otros dos exintegrantes del directorio del Banco Central: Liana Caballero, quien había asumido temporalmente la presidencia de la institución tras la renuncia de Carlos Carvallo, y Miguel Ángel Mora.
Ambos fueron arrestados en sus respectivos domicilios, mientras que los investigadores secuestraron documentación y dispositivos electrónicos que podrían resultar relevantes para la causa.
Las advertencias que habrían sido ignoradas
La Fiscalía sostiene que González y los otros exdirectivos conocían los problemas financieros de Ueno Bank desde diciembre de 2025. Según la investigación, los funcionarios recibieron informes sobre la falta de solvencia y las operaciones crediticias irregulares. Sin embargo, no tomaron las medidas necesarias para corregir la situación.
Entre las irregularidades detectadas figuran préstamos por unos 140 millones de dólares a empresas vinculadas con el grupo propietario del banco. También se investigan modificaciones de fideicomisos realizadas sin las autorizaciones correspondientes.
Para el Ministerio Público, la falta de controles permitió que Ueno Bank siguiera recibiendo depósitos de sus clientes, pese al deterioro de su situación financiera.
La Fiscalía investiga a los exfuncionarios por presunta lesión de confianza. La Justicia deberá determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en las irregularidades denunciadas.
Una crisis que alcanzó al expresidente Santiago Peña
El escándalo de Ueno Bank tomó dimensión nacional el 3 de noviembre. Ese día, el Banco Central del Paraguay anunció la intervención de la entidad por sus problemas financieros y las presuntas irregularidades en la entrega de créditos.
La decisión generó preocupación entre los clientes del banco. También puso bajo investigación los fondos que distintos organismos estatales tenían depositados en la institución.
La causa involucra además a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central, y a Holger Insfrán, superintendente de Bancos. Ambos están investigados por no haber ejercido los controles correspondientes.
El escándalo también tuvo consecuencias políticas. Santiago Peña, expresidente de Paraguay, fue destituido mediante un juicio político. Luego, quedó imputado por presunta lesión de confianza y administración en beneficio propio.
Por su parte, la defensa de Marco Aurelio González cuestionó la investigación judicial. Aseguró que el proceso tiene un fuerte componente político y recordó que su representado fue uno de los funcionarios que denunció las irregularidades.
La investigación continúa abierta. Ahora, la Justicia deberá determinar si las autoridades del Banco Central conocían los problemas financieros y decidieron no intervenir. También buscará establecer si esas omisiones contribuyeron al colapso de Ueno Bank.
