Una serie de escuchas judiciales reveló que el empresario condenado por corrupción continuaba dando órdenes desde el penal de Ezeiza. La Justicia investiga una presunta organización dedicada al lavado de dinero, con movimientos por casi $391 millones y posibles vínculos con el narcotráfico.
Una investigación judicial volvió a poner bajo la lupa a Lázaro Báez, el empresario condenado por corrupción durante los gobiernos kirchneristas. Una serie de audios incorporados a una causa federal revela que habría continuado manejando negocios y propiedades embargadas mientras cumple su condena en la cárcel de Ezeiza.
Las conversaciones fueron mantenidas con Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, investigado por sus presuntos vínculos con una organización dedicada al narcotráfico en Santa Cruz. En los diálogos, Báez daba instrucciones sobre la administración de estancias, contratos de alquiler y decisiones comerciales.
En una de las grabaciones, el empresario dejó en claro que pretendía conservar el control de sus negocios. “El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, afirmó durante una discusión por el alquiler de inmuebles.
Las órdenes de Báez desde el penal de Ezeiza
Una de las conversaciones investigadas ocurrió el 5 de octubre. Ese día, Báez habló con Ibáñez sobre el manejo de las estancias La Entrerriana y Alquinta, ubicadas en Santa Cruz. Ambas propiedades figuran entre los bienes alcanzados por medidas judiciales.
Durante el intercambio, Báez exigió que las personas encargadas de administrar los campos respondieran a sus instrucciones. También manifestó su desconfianza hacia Claudia Insaurralde, su pareja, quien participaba en la gestión de los inmuebles.
“La Tía piensa que porque pone gente que ella quiere, después va a hacer lo que ella quiere, ojo con eso”, advirtió. En las conversaciones, Ibáñez se refería a Báez como “Tío” y a Insaurralde como “Tía”.
El empresario también aseguró que supervisaría personalmente la administración de ambas propiedades. Para los investigadores, estos diálogos muestran que mantenía capacidad de decisión sobre sus negocios pese a encontrarse detenido.
La discusión por los alquileres de propiedades embargadas
Otra conversación, registrada el 8 de octubre, expuso una disputa por el alquiler de inmuebles utilizados por empresas de servicios médicos en Río Gallegos.
En el diálogo participó un hombre identificado como “Tato”, quien mencionó negociaciones relacionadas con las firmas Trinidad, Cedimag y Prexa. Báez intervino para exigir que se respetaran las condiciones que había establecido.
“Acá hay una sola parte, hay una sola parte, y Claudia tiene una instrucción muy clara”, sostuvo el empresario.
También cuestionó decisiones comerciales que, según su versión, se habían tomado sin consultarlo. Incluso advirtió que estaba dispuesto a finalizar el contrato si no se alcanzaba un acuerdo.
La Fiscalía considera que estas comunicaciones pueden demostrar la continuidad de operaciones comerciales sobre propiedades afectadas por embargos y medidas de decomiso.
Una investigación por casi $391 millones y posibles vínculos narco
Las escuchas forman parte de una causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos. El expediente incluye movimientos financieros por aproximadamente $390,9 millones.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, encabezada por Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Uno de los principales investigados es Cristian Ibáñez, señalado como posible integrante de una organización dedicada al transporte y distribución de cocaína en Santa Cruz.
Según la hipótesis judicial, la banda habría utilizado camiones de una empresa para trasladar drogas y diferentes establecimientos para distribuirlas. Los fiscales buscan determinar si existieron conexiones entre esa actividad y las operaciones económicas vinculadas con Báez.
La investigación derivó en 27 allanamientos realizados en Santa Cruz y Buenos Aires. Durante los procedimientos se secuestraron documentos, vehículos, armas y estupefacientes.
Entre los detenidos se encuentran Ibáñez y Claudia Insaurralde. Ambos están bajo investigación por su presunta participación en las operaciones comerciales y financieras.
La Justicia también inspeccionó la celda de Báez
Como parte de las medidas judiciales, las autoridades realizaron una inspección en la celda de Lázaro Báez, dentro del penal federal de Ezeiza. El objetivo fue buscar documentación, teléfonos y otros elementos que permitieran reconstruir las operaciones investigadas.
Después del procedimiento, el empresario quedó incomunicado.
Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad. Sin embargo, las nuevas pruebas abrieron otra investigación sobre sus actividades mientras permanecía detenido.
La Justicia deberá determinar si continuó dirigiendo una estructura destinada a explotar bienes embargados y si esas operaciones estuvieron vinculadas con maniobras de lavado de dinero y narcotráfico.
