Cinco exautoridades del Banco Central paraguayo quedaron detenidas por su presunta responsabilidad en el colapso de la entidad financiera. La Fiscalía sostiene que conocían las irregularidades desde diciembre de 2025, pero no actuaron para impedir que el banco continuara operando. La crisis también provocó la destitución y posterior detención del expresidente Santiago Peña.
La investigación por el derrumbe de Ueno Bank en Paraguay dio un giro que profundizó el escándalo financiero y político. Los cinco funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) que hace apenas diez días habían impulsado una denuncia contra la entidad terminaron detenidos, acusados de haber conocido sus irregularidades sin adoptar las medidas necesarias para evitar el colapso.
La Justicia avanzó este viernes 13 de noviembre sobre tres exintegrantes del Directorio del organismo monetario. Se completó así una serie de detenciones que también alcanza al expresidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding, y al exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán. La Fiscalía investiga si los responsables de controlar el sistema financiero permitieron que Ueno Bank continuara captando depósitos pese a las advertencias internas sobre su deterioro patrimonial.
El caso adquirió una dimensión institucional inédita después de que el Congreso destituyera al presidente Santiago Peña el pasado 6 de noviembre. El exmandatario también quedó bajo prisión preventiva. Se lo acusa de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. En tanto, la investigación judicial busca reconstruir las responsabilidades políticas, empresariales y financieras detrás de la crisis.
Las autoridades conocían las irregularidades desde hacía casi un año
El avance de la investigación expuso que el Banco Central paraguayo había recibido las primeras advertencias sobre la delicada situación de Ueno Bank en diciembre de 2025. Posteriormente, durante febrero de 2026, sus directivos tomaron conocimiento de nuevos incumplimientos relacionados con el plan de factibilidad financiera, operaciones crediticias y movimientos vinculados con empresas del Grupo Vázquez.
Entre las operaciones investigadas aparecen préstamos a firmas relacionadas con los controlantes del banco, modificaciones irregulares de fideicomisos y movimientos financieros por aproximadamente 140 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades monetarias no habrían adoptado las medidas correctivas necesarias para impedir que la entidad continuara recibiendo dinero de sus clientes.
La situación terminó de agravarse a comienzos de noviembre. Fue cuando el Directorio del Banco Central resolvió iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión, adoptada el 2 de noviembre y comunicada oficialmente al día siguiente, respondió a que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa.
El derrumbe afectó a una entidad que declaraba aproximadamente 2,94 millones de clientes y que también administraba importantes depósitos de organismos públicos. Frente a la incertidumbre de los ahorristas, las autoridades pusieron en marcha el Fondo de Garantía de Depósitos para avanzar con la devolución de los fondos alcanzados por la cobertura legal.
Tres nuevas detenciones completaron la caída de la cúpula del Banco Central
La ofensiva judicial de este viernes alcanzó a Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes habían integrado el Directorio del Banco Central durante el período investigado. Los fiscales ordenaron allanamientos simultáneos para reunir documentación y avanzar sobre las responsabilidades individuales de los exfuncionarios.
Caballero, quien contaba con 18 años de trayectoria en la institución y había ocupado brevemente la presidencia interina tras la salida de Carvallo, fue detenida en su domicilio de Asunción. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron documentación relacionada con el organismo monetario y certificados de depósitos de Ueno Bank.
Por su parte, Mora fue arrestado en su residencia de Luque, mientras que González se presentó acompañado por su abogado en una comisaría de la capital paraguaya. Este último, que había ejercido anteriormente como procurador general de la República, no se encontraba en su vivienda cuando los investigadores acudieron a detenerlo.
Las tres detenciones se sumaron a las de Carvallo e Insfrán, quienes ya estaban bajo investigación por su actuación frente a las irregularidades detectadas. La Fiscalía sostiene que los exdirectivos tuvieron conocimiento temprano de la crisis. Y busca, asimismo, establecer por qué no adoptaron decisiones capaces de limitar sus consecuencias.
El escándalo financiero que también derribó al presidente de Paraguay
La caída de Ueno Bank no solamente comprometió a los organismos encargados de supervisar el sistema financiero. También desencadenó una crisis política que culminó con la destitución de Santiago Peña. El entonces mandatario perdió la presidencia el 6 de noviembre mediante un juicio político impulsado por las derivaciones del escándalo.
Posteriormente, la Justicia ordenó su prisión preventiva en una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y operaciones financieras. Los fiscales buscan determinar si existieron vínculos entre las decisiones adoptadas durante su administración y las maniobras que contribuyeron al deterioro de la entidad.
Mientras tanto, el Banco Central avanzó con los pagos a los ahorristas afectados. Según los informes oficiales, al 10 de noviembre las devoluciones y anticipos de garantías habían alcanzado a aproximadamente 1,8 millones de personas. No obstante, el proceso continuaba abierto para otros depositantes y situaciones particulares.
De esta manera, en apenas diez días, una crisis que comenzó con la intervención de un banco terminó provocando la caída de un presidente y la detención de las principales autoridades monetarias. Análogamente, dio lugar al inicio de una investigación sobre el funcionamiento de los mecanismos de control financiero.
La paradoja que atraviesa el expediente es que los mismos funcionarios que denunciaron las irregularidades de Ueno Bank quedaron posteriormente bajo sospecha por su propia actuación. Ahora, la Justicia deberá establecer si existieron omisiones, encubrimientos o decisiones deliberadas que permitieron profundizar una crisis cuyas consecuencias alcanzaron a millones de paraguayos.
