La Corte Suprema negó legitimación a CELADI en su demanda
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una demanda presentada por la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) contra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), al concluir que la entidad no tenía legitimación procesal para accionar en representación de las empresas que agrupa.
El caso se originó a partir del cuestionamiento de CELADI a la Resolución CNRT 628/2012, ratificada por la Resolución 698/2013, que obliga a las empresas de transporte a presentar un certificado de libre deuda de multas firmes de las unidades para poder realizar diversos trámites ante el organismo regulador. Como planteo subsidiario, también se solicitó declarar la inconstitucionalidad del artículo 8° del Decreto 1395/1998, que establece la necesidad de no registrar deudas exigibles por sanciones para gestionar trámites ante la CNRT.
El máximo tribunal, con el voto que conformó mayoría del presidente Horacio Rosatti y los conjueces Alejandro Tazza (Mar del Plata) y Juan Pablo Salas (San Martín), resolvió hacer lugar al recurso extraordinario presentado por la CNRT, revocar la sentencia que le había dado la razón a CELADI y rechazar la demanda, con costas para la parte actora. Los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz coincidieron en el resultado, aunque emitieron fundamentos propios.
Antes de ingresar al análisis de fondo, la Corte recordó que su competencia exige la existencia de un “caso”, “causa” o “controversia” concreta, lo que supone que quien promueve la acción debe demostrar un interés directo, concreto y personal en el resultado del litigio. En esa línea, Rosatti, Salas y Tazza remarcaron que CELADI pretendía ejercer la defensa de derechos puramente individuales de las empresas asociadas, cuando, por regla, la legitimación activa corresponde a cada una de esas compañías de manera individual.
Rosenkrantz coincidió con esa mirada y señaló que no se acreditó que las empresas representadas por CELADI estuvieran impedidas de litigar por sí mismas. Por ello, concluyó que la cámara empresaria “no tiene legitimación procesal para promover la presente demanda” y que, en consecuencia, el reclamo debía ser rechazado sin que la Corte avanzara sobre la validez o invalidez del régimen cuestionado.
Alcances de la decisión y marco regulatorio del transporte
En su voto, Lorenzetti también enfatizó la falta de legitimación de la entidad, pero además se detuvo en el contenido de las normas impugnadas. Consideró que las resoluciones y el decreto en debate fueron dictados por el Poder Administrador en el marco de sus atribuciones y que no constituían un exceso reglamentario capaz de tornar inválido el esquema de control de multas aplicado por la CNRT.
La exigencia de certificados de libre deuda de sanciones firmes forma parte del sistema de fiscalización del transporte de pasajeros a nivel nacional, con el objetivo de garantizar que los operadores cumplan con las normas de seguridad y funcionamiento. Para la Corte, la discusión sobre la conveniencia o el impacto económico de esos requisitos debe canalizarse por las vías institucionales adecuadas y, en caso de conflicto, ser planteada por las empresas directamente afectadas, no por una cámara que no logra demostrar legitimación colectiva suficiente.
- La Corte revocó la sentencia que había favorecido a CELADI y rechazó la demanda.
- El tribunal sostuvo que la entidad no puede representar derechos individuales de sus asociadas.
- Las resoluciones de la CNRT y el decreto cuestionado se consideraron dictados dentro de las facultades del Poder Administrador.
“La legitimación procesal activa corresponde, por principio, a cada una de las empresas que eventualmente se consideren afectadas por la normativa”, enfatizó la mayoría del tribunal.
Con este fallo, la Corte refuerza su criterio restrictivo en materia de legitimación colectiva cuando se trata de reclamos vinculados a derechos patrimoniales concretos de actores privados, y ratifica la vigencia del esquema de control de multas y certificaciones impuesto por la CNRT a las empresas de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional.
