Imputación por amenazas al Papa León XIV en Bahía Blanca
NewsITe
Un hombre de 58 años fue formalmente imputado por amenazar de muerte al papa León XIV a través de una llamada al 911 realizada desde Bahía Blanca, en la antesala de la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina. La causa es instruida por el fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata.
El acusado fue identificado como Flavio Ariel Perrone, quien quedó bajo investigación por los delitos de amenazas e intimidación pública. La imputación se formalizó este martes en una audiencia en la que Martínez estuvo acompañado por el auxiliar fiscal Juan Martín Vera. De acuerdo con la pesquisa, el llamado intimidatorio se realizó el sábado previo a la llegada del Pontífice al país.
En la audiencia, el juez de Garantías Santiago Inchausti otorgó un plazo de 90 días hábiles para el desarrollo de la investigación penal preparatoria. Según consignó el portal Fiscales, el Ministerio Público Fiscal impulsó una serie de medidas cautelares con el objetivo de garantizar la comparecencia del imputado y evitar cualquier intento de entorpecer la causa.
Medidas impuestas y alcance de la causa
Entre las restricciones dispuestas, se estableció que Perrone debe mantener su domicilio en Bahía Blanca y cumplir con las condiciones fijadas por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP). Además, se le prohibió salir de la ciudad sin autorización expresa del Juzgado de Garantías interviniente, aunque continuará el proceso en libertad mientras avanza la investigación.
El expediente se abrió el sábado 7 de noviembre cerca de las 22, cuando la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 de Mar del Plata recibió un llamado anónimo. Del otro lado de la línea, una voz lanzó una amenaza directa contra el Santo Padre con la frase: “Hola 911, muerte al Papa hijo de p…”. Por la naturaleza del mensaje y la cercanía de la visita papal, el episodio fue considerado de extrema gravedad.
Rastreo del llamado y procedimientos policiales
Las primeras actuaciones fueron derivadas a la División Antiterrorismo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dado el posible impacto institucional y la necesidad de evaluar si existía algún riesgo concreto para la seguridad del Pontífice. A partir de allí se dispusieron medidas urgentes de investigación, que permitieron determinar con rapidez la titularidad de la línea telefónica y su radicación en Bahía Blanca.
Con ese dato, la Unidad Fiscal solicitó al juez órdenes de allanamiento, requisa y detención. Los operativos se llevaron a cabo el domingo siguiente, en horas de la tarde, con la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la División de Investigación Cibercrimen Regional Sur V de la Policía bonaerense. Durante los procedimientos se secuestró el teléfono celular desde el cual, según los investigadores, se habría efectuado la amenaza.
Tras ser detenido y notificado de sus derechos, Perrone fue alojado en la comisaría de Tornquist hasta la audiencia de formalización. En esa instancia, el juez dispuso que continúe el proceso en libertad, bajo estrictas condiciones y supervisión judicial, mientras se profundizan las pericias sobre el aparato telefónico, el análisis de comunicaciones y otros elementos de prueba que permitirán determinar con mayor precisión el contexto y la intención del llamado.
Un caso bajo la lupa judicial y social
- La investigación tiene un plazo inicial de 90 días hábiles para reunir pruebas y definir una eventual elevación a juicio.
- El imputado deberá permanecer domiciliado en Bahía Blanca y no podrá salir de la ciudad sin permiso judicial.
- Intervienen en la causa el Ministerio Público Fiscal, la Justicia de Garantías y divisiones especializadas de la Policía bonaerense.
La calificación de amenazas e intimidación pública refleja la preocupación de las autoridades por el impacto social e institucional de este tipo de hechos, especialmente cuando se dirigen contra máximas figuras religiosas.
Mientras la causa avanza, la pesquisa buscará determinar si se trató de un hecho aislado o si existe algún trasfondo adicional. En paralelo, el caso reaviva el debate sobre el uso responsable de los sistemas de emergencia y las consecuencias penales de los mensajes de odio y amenazas, más aún cuando tienen como destinatario a figuras de relevancia mundial como el Papa.
