Opositores paraguayos piden investigar a la familia de Peña por el caso Ueno Bank

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Legisladores opositores paraguayos solicitaron a la Fiscalía de Delitos Económicos ampliar la denuncia penal contra la esposa del destituido expresidente Santiago Peña, Leticia Ocampos, así como contra sus hijos, padres, hermanos y otros allegados políticos, en el marco de la causa conocida como Ueno-Peña, que investiga las operaciones financieras del Ueno Bank y su conglomerado empresarial.
La presentación fue realizada por los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe, todos pertenecientes al Partido Cruzada Nacional. Según consignó el diario ABC, el pedido apunta a que el Ministerio Público incorpore a la investigación a una extensa nómina de familiares directos y políticos del exmandatario, a quienes se les atribuye la posible comisión de hechos punibles vinculados a la frustración de la persecución penal y otros delitos conexos.
El caso se centra en las operaciones de Ueno Bank SA, el Grupo Vázquez y Ueno Holding, conglomerado que registró un crecimiento notable durante los tres años de la presidencia de Peña. Los senadores sostienen que, durante ese período, el banco captó importantes volúmenes de recursos provenientes de entidades públicas y previsionales, a la vez que empresas vinculadas al grupo se beneficiaron con numerosos contratos estatales en Paraguay.
Quiénes son los familiares y allegados alcanzados por el pedido
La solicitud de ampliación de denuncia incluye a la ex primera dama Leticia Ocampos y a varios integrantes de su familia de origen, así como a los padres, hermanos, hijos y parientes políticos de Santiago Peña. Entre ellos figuran sus progenitores, Ana Palacios de Peña y José Cayetano Peña Nieto; su hijo, Gonzalo Peña Ocampos; sus hermanos Manuel y Francisco Peña Palacios; y diversas cuñadas y nueras. Los legisladores piden que se investigue su rol en la promoción de un amparo judicial que habría frenado el acceso a documentación considerada clave.
En noviembre de 2025, el juez Diego Alejandro Torres había hecho lugar a un recurso de amparo presentado por familiares y allegados de Peña, que buscaba impedir que el Ministerio de Economía y Finanzas entregara “documentos de carácter reservado” vinculados al grupo empresarial. Para los senadores opositores, esa medida habría obstaculizado la labor investigativa de la Fiscalía al restringir el acceso a información oficial sobre la estructura societaria del conglomerado.
El foco en los vínculos empresariales del expresidente
Los parlamentarios destacan que Peña formó parte de la estructura accionaria del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025. Por ello, consideran esencial rastrear con precisión las relaciones patrimoniales y societarias de su entorno familiar durante el período en que se consolidó el crecimiento de la entidad financiera y se concentraron las operaciones ahora cuestionadas.
Según los senadores, la investigación no debe circunscribirse únicamente a las decisiones del Directorio del banco o de los funcionarios públicos que intervinieron en la colocación de fondos estatales, sino que debe abarcar a todo el entramado de empresas y personas vinculadas al grupo. Entre las medidas solicitadas figuran el registro de correos electrónicos, la preservación de documentación sensible y la imposición de restricciones a la salida del país y a los movimientos financieros de los denunciados.
Del crecimiento meteórico a la crisis de solvencia
El Banco Central del Paraguay anunció días atrás el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, al señalar que la entidad había perdido solvencia tras otorgar grandes créditos a firmas relacionadas con su propio grupo empresarial. Esta decisión marcó un giro en un banco que, según la prensa paraguaya, había mostrado un desarrollo vertiginoso durante la administración de Peña, apalancado en recursos del Estado.
- Ueno Bank y su conglomerado habrían recibido significativos fondos de organismos públicos.
- Empresas del grupo fueron adjudicatarias de contratos estatales de alto monto.
- Los familiares del expresidente promovieron acciones judiciales que limitaron el acceso a documentos oficiales, según la denuncia.
En paralelo, el Ministerio Público imputó a Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en beneficio propio. De acuerdo con la acusación preliminar, el exmandatario habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y mantenimiento de sumas millonarias de dinero público en Ueno Bank, provenientes de instituciones previsionales y otras entidades oficiales.
Para los senadores denunciantes, esclarecer el entramado empresarial y familiar vinculado al exmandatario es clave para determinar si hubo un uso indebido de recursos estatales en beneficio del grupo Ueno y de su entorno.
Con el avance de la causa 92/2026 y las nuevas medidas solicitadas, la investigación sobre el rol de Peña y su círculo íntimo en el crecimiento y caída de Ueno Bank se perfila como uno de los procesos judiciales más sensibles de la actualidad política paraguaya, con potencial impacto institucional y económico en el país.

