Aliados endurecen su postura y condicionan el Presupuesto 2027
NewsITe
Las negociaciones por el Presupuesto 2027 entraron en una fase decisiva en el Congreso. Los bloques aliados de La Libertad Avanza, habitualmente dialoguistas, elevaron sus demandas y por ahora frenan el acuerdo con el oficialismo. El foco del conflicto pasa por el financiamiento de las prestaciones por discapacidad, el aumento de los recursos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior del país.
Luego de un paréntesis marcado por las elecciones en Estados Unidos y la visita del papa León XIV, el oficialismo se ve obligado a acelerar las conversaciones. El calendario parlamentario le impone un límite claro: el 20 de noviembre vence el plazo para la firma de dictámenes si se pretende tratar el Presupuesto en sesiones ordinarias. De lo contrario, el tratamiento deberá postergarse a un llamado a sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre.
Con la mira puesta en las elecciones de 2027, los socios parlamentarios del Gobierno se muestran menos dispuestos a convalidar sin cambios un proyecto cuyo eje está en el equilibrio fiscal y el programa antiinflacionario. Si bien comparten algunos lineamientos generales, cada bloque lleva reclamos propios vinculados a las necesidades de sus provincias y sectores productivos.
En paralelo, un grupo de gobernadores presiona para que se incorporen otras iniciativas consideradas estratégicas para las economías regionales. Los legisladores aliados sostienen que hay margen para atender varios de esos pedidos mediante una reasignación dentro de la llamada Jurisdicción 91, una partida de unos $14 billones destinada a contingencias financieras sin afectación específica.
En este escenario, el Gobierno ya dejó de lado la posibilidad de tratar el Presupuesto el 18 de noviembre. Ahora apunta a lograr dictamen el 17 y llevar el proyecto al recinto el 25, a solo cinco días del cierre del período de sesiones ordinarias. Al frente de las conversaciones estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch.
Los reclamos que traban el acuerdo
Entre los bloques dialoguistas hay un punto de coincidencia central: la exigencia de una rebaja del Impuesto a los Combustibles. Argumentan que la recaudación de ese gravamen no se utiliza en los fines para los que fue creado, como el mantenimiento de las rutas nacionales y el financiamiento del 2,55% del Fondo Compensador del Transporte del Interior.
Además, reclaman garantizar plenamente los fondos para las prestaciones por discapacidad y ampliar las partidas para las universidades nacionales, uno de los temas más sensibles del debate. Mientras el proyecto oficial prevé $7,3 billones para el sistema universitario, los rectores plantean que se necesitan al menos $11 billones para asegurar funcionamiento, salarios y programas académicos.
El PRO suma, por su parte, demandas específicas: asegurar los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, reducir del 21% al 10,5% la alícuota de IVA para los huevos y sus derivados, y establecer un mecanismo que garantice plazos y tarifas de las obras públicas en rutas nacionales. El oficialismo confía en que la cuestión de la coparticipación porteña pueda resolverse en una negociación directa entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
La UCR reclama la eliminación de cuatro artículos del proyecto vinculados con distintas áreas del Estado, además de insistir en la mejora del presupuesto universitario. El mendocino Lisandro Nieri, ex funcionario del gobernador Alfredo Cornejo, se convirtió en el principal articulador radical en estas tratativas.
Provincias en alerta por subsidios y cajas previsionales
Los bloques provinciales también hicieron oír su voz. Piden sostener e incrementar los subsidios al transporte del interior, avanzar con las obras públicas ya acordadas y reforzar los recursos destinados a cubrir los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación.
El proyecto oficial prevé $503.000 millones para esas cajas previsionales, monto que los gobiernos provinciales consideran insuficiente frente al rojo creciente de sus sistemas jubilatorios. A esto se suma el planteo de los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; Salta, Gustavo Sáenz; Jujuy, Carlos Sadir; Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Córdoba, Martín Llaryora, que reclaman avanzar con la postergada Ley de Biocombustibles, clave para las producciones azucarera y sojera, entre otras.
El punto de equilibrio entre el ajuste fiscal que defiende el Gobierno y las demandas de los aliados definirá no sólo el diseño del Presupuesto 2027, sino también el clima político que acompañará el tramo final del año legislativo.
Proyecciones económicas y desafío político
El Presupuesto 2027 proyecta gastos totales consolidados por $216 billones, un 25,3% más que la base de comparación oficial, y recursos por $219,3 billones, con una suba del 26,2%. La hoja de ruta macroeconómica incluye una inflación estimada del 21,3% anual y un tipo de cambio de $1.847 por dólar para diciembre, con un promedio de $1.728 durante el año.
En la composición del gasto, los servicios sociales concentrarían más de $150 billones, mientras que el pago de intereses y servicios de la deuda pública insumiría cerca de $18,6 billones. El Ejecutivo apuesta a un crecimiento del consumo privado del 3,4% y del consumo público del 0,6%, con el objetivo de sostener la actividad sin resignar el equilibrio fiscal.
En definitiva, el debate presupuestario se transformó en una pulseada política donde los aliados hacen valer su peso parlamentario. El resultado de estas negociaciones marcará no sólo la hoja de gastos e ingresos del próximo año, sino también el grado de cohesión de la coalición que respalda al Gobierno rumbo a las elecciones de 2027.
