El avance judicial tras la intervención al Ueno Bank
NewsITe
La crisis en torno al Ueno Bank, una de las entidades financieras más relevantes de Paraguay, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, hizo lugar a un pedido del Ministerio Público y ordenó la inhibición general de vender y gravar bienes de 34 personas físicas y jurídicas vinculadas al banco y a empresas asociadas.
La resolución se dicta luego de la intervención del Banco Central de Paraguay (BCP) sobre el Ueno Bank, al constatar que su índice de solvencia había caído a menos del 50% del mínimo exigido por la normativa local. Ese deterioro financiero encendió alarmas en el sistema bancario paraguayo y derivó, además, en la salida del entonces titular del BCP, Carlos Carvallo, a pedido del presidente Santiago Peña.
La medida cautelar alcanza al CEO de Ueno Bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti, así como a exdirectivos de la entidad: Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos, entre otros. Todos quedaron con sus bienes inmovilizados mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en la gestión del banco.
El cerrojo judicial también se extiende sobre directivos de compañías ligadas al grupo Ueno, entre ellas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. y Vinanzas S.A. De esta forma, se busca impedir movimientos patrimoniales que puedan dificultar una eventual reparación a los depositantes o al propio sistema financiero.
Alcance económico y objetivo de la medida
Según consignó la prensa paraguaya, el Banco Central obtuvo una orden judicial que congela bienes por más de 70 millones de dólares y alrededor de 1,6 billones de guaraníes pertenecientes a ejecutivos y sociedades vinculadas a Ueno Bank. Se trata de uno de los mayores bloqueos patrimoniales dispuestos en el país en el marco de una causa financiera.
- La investigación apunta a determinar si hubo maniobras que vulneraran las normas prudenciales del sistema bancario.
- El congelamiento de activos tiene como finalidad principal proteger los fondos de los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema.
La acción judicial “busca resguardar activos para proteger el dinero de los depositantes”, señalan las fuentes citadas en Paraguay.
Mientras la causa avanza en el fuero especializado en delitos económicos, el caso Ueno se convirtió en un test para la capacidad de reacción de las autoridades paraguayas ante crisis financieras. También es seguido con atención desde la región, en un contexto en el que la confianza en el sistema bancario es clave para evitar contagios y nuevas turbulencias.
