La fiscal Paloma Ochoa pidió abrir una investigación penal para determinar si se utilizaron recursos del Estado argentino en el traslado del dirigente brasileño hacia Estados Unidos. Por el momento, no hay funcionarios imputados.
La Justicia federal argentina dio un nuevo paso en la investigación por la fuga de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien abandonó Brasil pese a tener una prohibición judicial de salir del país. La fiscal Paloma Ochoa solicitó investigar si el gobierno de Javier Milei utilizó fondos públicos para facilitar su paso por territorio argentino y posterior traslado hacia Estados Unidos.
El requerimiento fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien ya intervenía en las actuaciones preliminares por la posible participación de funcionarios nacionales. La presentación busca establecer si existió una colaboración del Estado argentino y, particularmente, si se destinaron recursos públicos para favorecer el viaje del dirigente brasileño.
Por el momento, la fiscal no imputó a ningún integrante del Gobierno. La investigación se encuentra en una etapa destinada a reunir pruebas y determinar si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales.
La Justicia busca determinar si hubo participación del Gobierno
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo por presunto encubrimiento. La acusación apunta a esclarecer si las autoridades argentinas colaboraron con la salida de Bolsonaro cuando ya pesaban sobre él restricciones impuestas por la Justicia brasileña.
El pasado 29 de octubre, Capuchetti ordenó solicitar información a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería para reconstruir los movimientos del dirigente durante su permanencia en Argentina. También se requirieron registros de seguridad y documentación que permita establecer qué conocimiento tenían los organismos oficiales sobre su situación judicial.
La investigación ahora incorpora como uno de sus principales ejes la posible utilización de fondos estatales. Se trata de determinar si hubo gastos o recursos públicos destinados a facilitar el traslado, una circunstancia que, de comprobarse, podría derivar en nuevas responsabilidades judiciales.
Cómo fue la fuga de Flávio Bolsonaro
El 27 de octubre, Bolsonaro ingresó a la Argentina junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza. La familia cruzó por tierra el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.
Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, los cuatro ingresaron alrededor de las 22.50 con documentación válida y sin impedimentos legales registrados en Argentina. Posteriormente, abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly que despegó durante la madrugada siguiente con destino a Guayaquil, Ecuador, desde donde continuaron viaje hacia Miami.
La salida de Brasil se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal brasileño, ordenara la entrega de sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país. La medida estaba vinculada con una investigación por presunto lavado de dinero.
El Gobierno niega irregularidades
Desde que se conoció el recorrido de Bolsonaro por territorio argentino, el Gobierno nacional rechazó haber participado de manera irregular en su traslado. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que el dirigente brasileño presentó la documentación correspondiente y que no existían alertas de Interpol que obligaran a impedir su ingreso o salida.
La fuga también motivó denuncias de los diputados Esteban Paulón y Marcela Pagano. Esta última impulsó una investigación en Puerto Iguazú que finalmente fue desestimada, luego de que la Fiscalía considerara que no se había configurado un delito durante el tránsito del dirigente por esa jurisdicción.
Sin embargo, esa resolución no cerró el expediente que tramita en Comodoro Py. La investigación impulsada por Ochoa mantiene abierto el interrogante sobre la posible intervención de funcionarios argentinos y, especialmente, sobre si se utilizaron recursos del Estado para facilitar la salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos.
