Bajada: La familia de Lara Gutiérrez cuestionó la difusión de imágenes que muestran el ataque contra la adolescente. Apuntó contra dos magistrados federales y advirtió que la filtración provoca un nuevo daño a las víctimas.
La difusión de un video que registra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, provocó la indignación de sus familiares. La familia anunció que iniciará acciones legales contra dos jueces federales por considerar que no garantizaron la protección del material incorporado a la investigación judicial.
El reclamo apunta contra Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, y Ernesto Rodríguez, magistrado de Morón. Ambos intervienen en investigaciones relacionadas con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ocurridos en septiembre de 2025.
A través de un comunicado, los familiares cuestionaron la exposición pública de las imágenes y recordaron que anteriormente también se habían filtrado fotografías de las autopsias. Además, advirtieron que la circulación de pruebas sensibles afecta a las familias y puede comprometer el desarrollo de la investigación.
La familia cuestionó la actuación de los jueces
La familia de Lara, representada por la abogada Verónica Veliz, confirmó que impulsará acciones legales, administrativas y disciplinarias contra los magistrados. Los acusa de haber permitido, por acción u omisión, que el registro audiovisual llegara a conocimiento público.
En su presentación, los familiares calificaron lo ocurrido como inadmisible y reclamaron que las autoridades judiciales superiores intervengan para determinar el origen de la filtración.
También señalaron que habían solicitado medidas de protección para evitar que se difundieran imágenes vinculadas con los asesinatos. Consideran que la exposición del material genera un nuevo sufrimiento, especialmente para los integrantes más jóvenes de la familia.
Por su parte, desde el entorno de Arroyo Salgado rechazaron haber difundido la filmación. Explicaron que el archivo fue puesto a disposición de los investigadores de ambas causas y aseguraron desconocer quién permitió que trascendiera.
Cómo apareció el video de las torturas
Los investigadores recuperaron la grabación del teléfono celular de Daniel Tello Chacón, uno de los imputados en una causa federal por narcotráfico. El archivo había sido eliminado de la aplicación de mensajería Zangi y fue recuperado mediante las pericias realizadas sobre el dispositivo.
Según la resolución judicial, las imágenes muestran a una adolescente sometida a un violento ataque por cuatro hombres. Los investigadores encontraron elementos que permitirían identificarla como Lara Gutiérrez, entre ellos sus características físicas, la vestimenta y el lugar donde ocurrió la agresión.
El registro también abrió nuevas líneas de investigación sobre la presunta organización criminal vinculada con los asesinatos. Una de ellas involucra a un hombre identificado con el alias de “Roger”, mencionado durante la agresión.
La jueza Arroyo Salgado vinculó ese apodo con Pablo Daniel Macalopu Cafferata, a quien atribuyó un papel de organizador dentro de una presunta estructura dedicada al narcotráfico. Hasta entonces, la investigación por el triple crimen había concentrado parte de su atención en Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”.
La Fiscalía pidió que no se difundan las imágenes
Frente a la circulación del material, la Fiscalía Federal N°2 de Morón, encabezada por Mariela Labozzetta, solicitó a los medios de comunicación y profesionales del sector que evitaran reproducir las imágenes.
El organismo advirtió que la publicación de los registros puede provocar una nueva victimización de las jóvenes asesinadas y sus familiares. También señaló la necesidad de preservar una investigación que continúa en trámite y bajo secreto de sumario.
En paralelo, la familia de Brenda del Castillo presentó una medida cautelar para frenar la difusión del video en medios y plataformas digitales. También pidió que se investigue quiénes tuvieron acceso al archivo y cómo salió del ámbito judicial.
De esta manera, la filtración abrió un nuevo conflicto alrededor del triple crimen. Mientras la Justicia intenta determinar las responsabilidades por los asesinatos y sus posibles vínculos con el narcotráfico, las familias reclaman que se protejan las pruebas y se respete la memoria de las víctimas.
