La Conferencia Episcopal Argentina reclamó que se trate el proyecto que busca regular las apuestas online y proteger a niños y adolescentes. La iniciativa tiene media sanción desde 2024 y podría perder estado parlamentario el 30 de noviembre.
La Iglesia argentina volvió a reclamar al Senado de la Nación que avance con la aprobación de la ley de prevención de la ludopatía infantil y juvenil, una iniciativa destinada a limitar el acceso de menores de edad a las apuestas online. El pedido se produjo este jueves, en la antesala de la visita del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Raúl Pizarro, secretario general del organismo, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la falta de tratamiento legislativo. El proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero permanece pendiente de aprobación en el Senado.
“Les pedimos desde acá, aprovechando esta conferencia de prensa, a los senadores que se pongan las pilas y que no la dejen morir”, expresó Pizarro, quien insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo político antes del cierre de las sesiones ordinarias.
La preocupación radica en que el proyecto podría perder estado parlamentario el próximo 30 de noviembre. Si eso ocurre, el proceso legislativo iniciado hace casi dos años quedaría sin efecto y sería necesario volver a impulsar la iniciativa.
Una advertencia por el impacto de las apuestas online
La Conferencia Episcopal Argentina considera que la expansión de las plataformas de apuestas digitales representa un problema social que afecta especialmente a niños, adolescentes y jóvenes. Desde la institución advierten que la facilidad de acceso a estos servicios incrementa los riesgos de desarrollar conductas problemáticas vinculadas al juego.
Durante su intervención, Pizarro fue especialmente crítico con la posibilidad de que el Congreso deje vencer el plazo para sancionar la norma. “Dejar morir esa media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa de tantos jóvenes y familias detrás de la ludopatía virtual infanto-juvenil”, sostuvo.
La iniciativa legislativa contempla restricciones a la publicidad de apuestas online, mayores controles para impedir la participación de menores de edad y medidas de prevención frente a la adicción al juego.
El reclamo de la Iglesia no es nuevo. En octubre, la Comisión Episcopal de Pastoral Social había enviado una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los integrantes del Senado para solicitar el tratamiento urgente de la propuesta. En ese documento, la institución advirtió que los costos sociales, familiares y sanitarios asociados a la ludopatía terminan afectando a toda la sociedad.
La llegada de León XIV y la agenda social de la Iglesia
El nuevo pronunciamiento se produjo durante la presentación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La agenda del Pontífice incluye encuentros religiosos y actividades vinculadas con distintos sectores vulnerables de la sociedad.
Entre las actividades previstas se encuentra una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde residen personas con discapacidad. También está programado un encuentro en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, como parte de una agenda orientada al acompañamiento de personas en condiciones de vulnerabilidad.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, destacó que la visita representa una oportunidad para reafirmar el compromiso de la Iglesia con las problemáticas sociales. En ese contexto, Pizarro vinculó la preocupación por la ludopatía juvenil con la necesidad de proteger a las familias y evitar que el problema permanezca invisibilizado.
Mientras se acerca la llegada del Papa, el Senado enfrenta una definición pendiente. La aprobación de la ley permitiría establecer nuevas herramientas nacionales para prevenir los riesgos de las apuestas online, mientras que la falta de tratamiento antes del vencimiento del plazo dejaría sin efecto el avance legislativo alcanzado en 2024.
