Detención del fundador de Ueno agrava el frente político
NewsITe
La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) derivó en un escándalo financiero y político que ya golpea de lleno al presidente Santiago Peña. El fundador y principal accionista de la entidad, Federico Miguel Vázquez Villasanti, quedó detenido tras entregarse a la Policía, en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos vinculados a la administración del banco.
El BCP inició el proceso de resolución de Ueno el 2 de noviembre, luego de constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído a menos de la mitad del mínimo exigido por la normativa. Esa situación encendió las alarmas del sistema financiero paraguayo y derivó en una denuncia penal contra integrantes del directorio del banco, que ahora son objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
Vázquez Villasanti, presidente del Grupo Vázquez y vicepresidente primero de Ueno, se presentó ante la Policía tras librarse una orden de captura en su contra. El Grupo Vázquez es el accionista dominante del banco, mientras que el húngaro OTP Bank participa también de la estructura societaria. Otros directivos de la entidad fueron detenidos y se presentaron a declarar ante el Ministerio Público, en una causa que recién comienza y que podría escalar en las próximas semanas.
Allanamientos, bienes incautados y foco en el patrimonio
Como parte de las diligencias, se allanó la vivienda de Vázquez Villasanti. En el operativo, las autoridades secuestraron siete vehículos, algunos de alta gama, además de diversa documentación vinculada con la operatoria del grupo. Los rodados quedaron bajo custodia fiscal, mientras que la Policía informó que en el lugar no se hallaron computadoras ni caja fuerte, un dato que abre interrogantes sobre el destino de información clave para la investigación.
La crisis de Ueno se produce en un contexto regional en el que los organismos de control intentan dar señales de firmeza frente a episodios de estrés bancario, con el objetivo de contener el impacto sobre ahorristas y el resto del sistema financiero. En Paraguay, el caso reavivó el debate sobre la supervisión bancaria, la concentración de riesgos y el uso de recursos públicos en entidades privadas.
La ofensiva opositora y el vínculo con el presidente Peña
El costado político del escándalo escaló rápidamente. Un grupo de senadores opositores anunció que impulsará un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, a quienes señalan por su presunta responsabilidad política en el manejo de la crisis y por la relación previa del mandatario con el Grupo Vázquez.
Peña fue socio comercial del conglomerado hasta marzo de 2025, dato que volvió al centro de la escena tras la intervención de Ueno y las dudas sobre el trato que recibió el banco para captar depósitos oficiales. Aunque por el momento no se han probado irregularidades en el vínculo, la oposición busca capitalizar el malestar social y colocarlo en la agenda del Congreso.
El oficialismo, sin embargo, conserva mayoría legislativa, por lo que la ofensiva parlamentaria no garantiza que el juicio político avance hasta su etapa de destitución. Analistas locales advierten que, aun si no prospera, el proceso puede desgastar al gobierno, obligarlo a dar explicaciones públicas y a transparentar la relación entre el poder político, los reguladores y el sistema financiero.
Reclamos por protección a ahorristas y transparencia
- La oposición exige medidas urgentes para resguardar a los clientes de Ueno y garantizar el acceso a sus depósitos.
- Se reclama una investigación a fondo sobre el rol de los directivos del banco y de los organismos de control.
- La ANR, presidida por el exmandatario Horacio Cartes, pidió respuestas rápidas al gobierno para evitar un daño mayor a la confianza en el sistema.
“El gobierno debe priorizar la protección a los ahorristas y esclarecer las responsabilidades en todos los niveles”, plantean sectores opositores y oficialistas críticos.
Por ahora, la principal preocupación es evitar un efecto contagio sobre otras entidades del sistema y contener el impacto político en el inicio de la gestión de Peña. La evolución de la causa penal, las definiciones del BCP y la discusión parlamentaria por el juicio político marcarán los próximos capítulos de una crisis que ya trascendió lo estrictamente financiero.
